El periodismo, imputado

La Fiscalía también formula una propuesta de condena de seis y tres meses, aunque reconoce en su escrito que la propia profesión periodística puede constituir una eximente. Su intervención está motivada por la querella de Medina y alentada por una directriz del Ministerio Público que ordena indagar con especial atención las supuestas revelaciones de secretos por parte de los medios de comunicación. Esta indicación también llevó a un fiscal de Madrid a solicitar una pena de dos años y medio de prisión para dos periodistas del diario 'Abc' que desvelaron las conversaciones de dos investigados de la mafia sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. En este asunto, la Fiscalía retiró finalmente su acusación al entender que lo publicado no era más que el resultado de un buen trabajo periodístico.

El Partido Popular ha criticado con dureza, y no sin razones, las cortapisas a la libertad de expresión del régimen venezolano. La deriva hacia un comportamiento totalitario se adivina cuando los gobernantes intentan amedrentar a los informadores para lograr una autocensura que mantenga a los ciudadanos ajenos a todo lo que resulta inconveniente al poder. En Venezuela, las presiones a los medios de comunicación comenzaron por señalar aquellos asuntos que no debían ser publicados.

La querella de González Medina pretende aún más: una condena sin precedentes en España para amedrentar a toda la profesión a las puertas de una campaña electoral. Un político siempre preferirá que los periodistas reflejen aspectos favorables a sus intereses, sin someterse a la crítica, sin que sus errores sean puestos de manifiesto y, desde luego, sin que las sentencias en su contra sean publicadas. Si un periodista supeditara su labor a estas pretensiones no solo pervertiría su oficio, sino que traicionaría la confianza que los lectores han depositado en él para defender su derecho a la información, algo que en este periódico no estamos dispuestos a hacer. Los periodistas de 'El Comercio' han contado la verdad de unos hechos que nunca fueron secretos, sino en todo caso deliberadamente ocultados a los ciudadanos. Obviamente, el político popular habría deseado que nunca fueran publicados. Pero cuando los informadores eluden la realidad, las libertades se reducen a la apariencia. La verdad resulta esencial para cimentar la democracia y la obligación de los periodistas es contarla. Su profesión no tiene otra razón de ser. Por eso, no son dos periodistas los imputados en este caso, sino el propio periodismo. Y con él, el derecho de los ciudadanos a la información honesta y veraz.