Manuel Chaves sobre la formación: «Si hubo fraude, fue muy pequeño»

El supuesto fraude de la formación saltó a la luz pública en 2014 con una filtración policial que puso en tela de juicio los más de 3.000 millones de euros entregados para cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2012. Las pesquisas policiales hablan de cursos que no se impartieron, listas de alumnos falseadas, incumplimiento de los compromisos de contratación o de empresas creadas ex profeso y que tras cobrar el 75 por ciento de las ayudas desaparecían sin cobrar el resto pero también sin justificar lo recibido. La revisión de oficio iniciada por la Junta de Andalucía -ya bajo mandato de Susana Díaz- cifra en 71,8 millones de euros las cantidades pagadas e indebidamente justificadas por las empresas beneficiarias. Uno de los mayores perceptores de estas ayudas fue el exconsejero andaluz Ángel Ojeda, detenido en agosto de 2014 y cuyo entramado empresarial percibió cerca de 50 millones de euros.

Nada de esto fue percibido por los expresidentes en el ejercicio de su cargo. No tuve conocimiento de irregularidades, nunca las conocí ni impulsé ni las toleré, y además no las hubiera consentido, sentenció Chaves, apartado ya de cualquier actividad política y que se presentó en la cámara en calidad de jubilado. En su intervención expresó su convencimiento de que la gestión y ejecución de las políticas activas de empleo fue positiva, razonable, útil y eficaz, recordando que, en parte por la coyuntura económica y en parte por esas políticas regionales en 2007 y 2008 la tasa de paro andaluz rondaba el 12,5 o el 14 por ciento.

Chaves defendió que todas las decisiones del consejo de gobierno fueron legales y ajustadas a la ley y que nunca a lo largo de mi presidencia firmé una decisión ilegal o di instrucciones para ello. Tampoco recibió ninguna alerta sobre un posible fraude, pese a que IU y Ciudadanos le recordaron la existencia de un informe de la Cámara de Cuentas alertando sobre deficiencias en la gestión de las ayudas.

Sí admitió que posiblemente no todo estuvo bien y es posible que hubiera actos ilícitos, aunque exoneró de ellos tanto a los funcionarios como a los cargos públicos y en cambio responsabilizó los beneficiarios, de los que la investigación policial sospecha que se pudieron enriquecer con hasta un 20 por ciento de comisión de unas ayudas que por ley debían gestionarse sin ánimo de lucro.

Quien estaba cometiendo el acto ilícito era el empresario, el que cobra, no a la administración, ya que la Junta de Andalucía siguió los tramites y la documentación necesaria. Una tesis que compartida poco después por su sucesor, José Antonio Griñán, para quien el procedimiento de concesión de las ayudas era reglado y garantista. Soberbio, Griñán matizó todas las cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios, a los que llegó incluso a retar. Son ustedes (a la comisión de investigación) quienes lo tienen que comprobar si se cumplía la normativa, espetó, el presidente de la Junta no lo puede comprobar si no se lo dicen, y entonces actúa. Y suscribió la tesis de que cualquier posible deficiencia no fue debida a la administración, sino, en todo caso, contra ella.