El exnúmero tres de Presidencia señala a Cañete en el 'caso Acuamed'

En el marco de esta causa, cuyo secreto será alzado el próximo viernes, Ramos declaró al juez que Mateo acudía a los consejos de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) sin preparase nada.

Ante esta situación, siempre según las fuentes, Ramos le comentó a Cañete que con esa nula preparación sería preferible que estuviera al frente la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, quien quedó en libertad recientemente tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez. En ese momento, Cañete le dijo que si le daba a elegir entre la directora ingeniera y Arcadio Mateo, él se quedaba con éste último, según las citadas fuentes.

Pese a la responsabilidad que Ramos ha trasladado a Cañete por esa elección, las fuentes consultadas han señalado que eso no tiene por qué llevar a la imputación del exministro en esta causa.

Dimisión

Ramos se vio relacionado en el caso Acuamed después de que varios exempleados de la empresa pública aseguraran al juez Velasco que participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora, que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Esas revelaciones le llevaron a dimitir de su cargo el 22 de enero antes de ser imputado en esta causa con el objeto, según indicó en un comunicado, de defender su "honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad".

Arcadio Mateo es el único de los 13 detenidos en la operación Frontino que permanece en prisión provisional desde enero al no haber abonado aún la fianza de 600.000 euros que le puso el juez para poder quedar en libertad.

Investigación abierta

Velasco investiga en esta causa un presunto fraude de unos 25 millones de euros en la concesión de contratos públicos por parte de Acuamed a empresas a cambio de comisiones.

A los investigados se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

El juez achaca al director general de Acuamed haber "urdido" desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos". "A cambio, recibía "regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía...- a favor de diversos contratistas de obra pública", explicaba Velasco en un auto. En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea concedidos por Acuamed a FCC y Acciona, en los que los empresarios "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".