El Parlament pide un informe sobre la legalidad de las ponencias de las leyes independentistas

Según ha explicado el vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), en declaraciones a los medios, los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP han presentado la petición de creación de las ponencias que ha sido admitida a trámite, pero el resto de formaciones han solicitado que los servicios jurídicos del Parlament se pronuncien sobre su legalidad.

La Mesa ha tramitado la petición pero también ha solicitado a los servicios jurídicos que redacten los informes para conocer si la fórmula solicitada por los dos grupos parlamentarios se ajusta a la legalidad. En concreto las reticencias de los grupos de la oposición que han provocado la petición del informe jurídico parten de la fórmula escogida por los grupos impulsores: una ponencia conjunta.

La Junta de Portavoces, con mayoría de JxSí y la CUP, ha presentado la fórmula de ponencia conjunta para tramitar las leyes pero desde la oposición se ha entregado un documento a la Mesa reprochando que se incurre en un "fraude de ley por haber apelado al artículo 126 del reglamento del Parlament para la realización de ponencias conjuntas", cuando la mayoría de grupos han manifestado que no están de acuerdo con formar parte de ellas. Desde la oposición consideran que la fórmula adecuada para tramitar esas leyes debería haber sido o bien que el Govern presentara un Proyecto de Ley o bien que los grupos hagan una Proposición de Ley, pero no hacer una ponencia conjunta sobre algo con lo que no están de acuerdo.

Los grupos impulsores de las ponencias defienden que esta fórmula trata de hacer partícipes a todos los grupos de leyes que consideran que son del interés de todos los ciudadanos y que, por ese motivo, plantean la ponencia conjunta, aunque la portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha aclarado: "Si no tiene ganas de participar en los debates políticos es evidente que una ponencia conjunta de dos grupos parlamentarios es igual a que estos lleguen a un acuerdo".

La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, ha sostenido que la propuesta es integradora y ha sospechado que si hubieran optado por la fórmula de Propuesta de Ley, desde la oposición se habría esgrimido que era una fórmula excluyente: "Hagamos lo que hagamos en la oposición hay ganas de que no pase nada".

Resolución independentista

El segundo motivo por el que la oposición rechaza las ponencias es porque, a su juicio, suponen el desarrollo de la resolución independentista aprobada en el Parlament el 9 de noviembre que preveía la aprobación de tres leyes para la desconexión del Estado y que fue anulada por el Tribunal Constitucional: "Aceptar a trámite esas solicitudes supondría vulnerar la prohibición del TC de admitir a trámite cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión de la resolución", ha dicho Saavedra.

El portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, ha reiterado que no participarán en las ponencias -si finalmente tienen lugar- porque "serían las leyes que se corresponderían, pese al cambio de título, con las aprobadas en la resolución y anuladas por el TC" y ha criticado la fórmula de ponencia les haría coautores del texto aunque no participen de su redacción.

Desde el PP, el portavoz Enric Millo ha hablado de "utilización perversa del reglamento del Parlament" al pretender que se debata la creación de una leyes que los populares consideran el desarrollo de la resolución de ruptura anulada por el TC.

Albano Dante (SíQueEsPot) ha considerado que las ponencias son "un intento de tirar adelante lo que decía la declaración del 9-N" y que su grupo rechaza por no creer en la unilateralidad, y ha criticado a Rovira, a quien ha acusado de relacionar las ponencias con la declaración en algunos ámbitos y de desvincularlos en otros.

Rovira ha asegurado que se trata, por encima de la resolución, del mandato democrático: "Respondemos ante él y no ante una resolución que también dijo exactamente cosas muy similares, pero nos debemos al mandato".

En el mismo sentido, Gabriel reconoce que las ponencias estaban recogidas en la resolución, pero insisten en que "van mucho más allá de su despliegue porque es un compromiso adquirido con la ciudadanía y porque son una necesidad imperiosa" de Cataluña.