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A. RALLO
Martes, 26 de enero 2016, 11:12
La trama de Imelsa y, por extensión, de la Diputación de Valencia sigue investigándose en un juzgado de Valencia. El asunto se encuentra bajo secreto. El exgerente de la empresa pública bajo sospecha, Marcos Benavent, realizó una exhaustiva declaración ante los agentes de la Guardia ... Civil. Posteriormente acudió a ratificarla ante el juzgado.
Benavent, una vez se vio descubierto -nunca antes- se mostró muy arrepentido de sus delitos. Dijo que había sido «un yonki del dinero» y pidió perdón. Fue entonces cuando, vestido de hippie, manifestó su más absoluta disposición a colaborar con la Justicia. No obstante, aclaró que del dinero malversado ya no le quedaba nada, según manifestó a la prensa a su salida de la Ciudad de la Justicia.
La trama de amaño de contratos salpica prácticamente toda la gestión de Benavent y también un amplio periodo de la Diputación. Miembros de la red delictiva, entre ellos el exgerente, organizaban comidas en restaurantes para repartirse el dinero. Allí, todos los comensales recibían su parte correspondiente de la comisión cobrada por adjudicar un contrato a una determinada empresa. Al parecer, había un local por el que sentían predilección y era elegido en repetidas ocasiones. Se desconoce si la transacción se producía a los postres, como colofón de la comida, o en los entrantes, como forma de abrir boca.
El responsable grabó durante años a buena parte de los integrantes de la trama. Se trataba de una estrategia para cubrirse las espaldas ante amenazas de sus compañeros o para tener el asunto atado por una investigación. Una forma de no caer solo en el caso de ser descubierto.
El exgerente aportó numerosa documentación en el juzgado y también material informático. Entre esto último, destacan numerosas copias de seguridad de la empresa pública que contendrían cruces de correos electrónicos con información sensible para los intereses del grupo delictivo.
El investigado ya adelantó en su día que la verdad iba a hacer daño a mucha gente. Las revelaciones afectarían a un buen número de cargos del Partido Popular, con los que compartió toda su carrera política. De momento, los audios que grabó durante años han hecho caer al expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y a la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón.
Benavent, que se encuentra en libertad, era un auténtico maniático a la hora de preservar su intimidad. Pero igual énfasis ponía en asaltar la de quienes participaban en los tejemanejes. Así, adquirió un inhibidor para evitar ser cazado en alguna grabación de otros, mientras él compraba un equipo profesional, encargado a un detective privado, para ir registrando todas las conversaciones comprometidas que mantenía con su entorno.
El exgerente huyó de España a finales de 2014 al temer por su integridad física, tal y como reconoció a familiares de su círculo más íntimo. Regresó en marzo tras un periplo por Ecuador, Japón y Amsterdam, aunque su intención era viajar a La India. Un problema con el visado le impidió llegar a este destino. Cuando se solventó el trámite burocrático ya había cambiado de idea. Regresó a la Comunitat. Permaneció escondido hasta que decidió aparecer ante los medios de comunicación debido a una citación del juzgado.
Existen varias causas abiertas a raíz de las irregularidades en Imelsa. Una se sigue en Instrucción 6 de Valencia. Se trata de la denuncia de la Diputación. En este asunto, Benavent se acogió a su derecho a no declarar. La estrategia era de lógica. No tendría ningún sentido que compareciera en ese juzgado a desvelar detalles que podrían estar investigándose en la otra causa bajo secreto. Y esa es la realmente importante por el volumen de dinero malversado. No fue esta la única maniobra judicial del expresidente Alfonso Rus. También denunció en otro juzgado la difusión de las conversaciones en las que presuntamente se le vincula con el cobro de comisiones.
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