La Fiscalía y la defensa tratan de sacar a la infanta del banquillo

Al término de la maratoniana jornada, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha anunciado que la sala resolverá si la infanta sigue en el banquillo antes de reiniciar el proceso el 9 de febrero. O sea, si Manos Limpias está legitimada para continuar acusando a la hija de don Juan Carlos de sendos delitos fiscales.

La táctica ha sido la misma en la sesión de mañana y en la sesión de tarde. Frente común. Sin fisuras. Casi coordinado. La Fiscalía Anticorrupción, la defensa de la infanta Cristina y la Abogacía del Estado han hecho piña hoy durante todo el día para intentar salvar a la hermana del Rey, durante la primera jornada del juicio del caso Nóos, reservada a las cuestiones previas. Los mismos argumentos, idénticos ataques para desacreditar a Manos Limpias, la única que acusa a la hija de don Juan Carlos e intentar ahorrarle volver al banquillo el próximo febrero.

Una vez más, Pedro Horrach intenta exculpar a la infanta. Ahora, con un nuevo informe de la Agencia Tributaria elaborado a petición suya para tratar de probar que Cristina de Borbón no tiene responsabilidades penales exigibles auque fuera coopropietaria de Aizoon, la empresa que compartía al 50% con su marido y que fue usada por Iñaki Urdangarin para defraudar. En síntesis, más de lo mismo: que la exduquesa, como socia de esa sociedad y no administradora única, no puede ser responsable de ningún ilícito.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico y que se ha presentado en las cuestiones previas del caso Nóos, es obra de Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda y está fechado el pasado 22 de diciembre de 2015.

Según la interpretación de Horrach, si el fisco abrió en su día ningún expediente sancionador contra Cristina de Borbón, no se le puede procesar ahora (y mucho menos condenar) por un ilícito penal. "Una conducta inocua en el ámbito administrativo tributario no puede tener repercusiones penales", explicó el representante del Ministerio Público quien, no obstante, si avisó que si se saca a la infanta del proceso en aplicación de la doctrina Botín la tesis que defiende este postrer informe no tendría ya ningún efecto.

No es, ni mucho menos, la primera vez que la Agencia Tributaria y sus técnicos salen en defensa de la infanta. Durante la instrucción, en infinidad de ocasiones los responsables de Hacienda han elaborado documentos similares con idéntica intención: excluir la de este proceso.

Además de su informe para reforzar su intento de exculpar a la imputada en síntesis, Horrach ha aducido los mismos motivos que el abogado de la imputada. Ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo de los acusados en idénticas circunstancias. Otorgar legitimación a Manos Limpias sería quebrantar la jurisprudencia del Supremo y una discriminación no justificada para la infanta, ha afirmado en un tono muy pausado.

Si el Ministerio Fiscal, que representa al Estado, y el acusador particular(Hacienda) determinan que no hay elementos incriminatorios la única respuesta judicial posible es el sobreseimiento o archivo de la causa. No es posible que la acusación popular supla el conocimiento del perjudicado, ha clamado en sala Horrach.

Jesús María Silva, el letrado de la exduquesa, ha calcado el argumentario de Horrach. Sentar a la infanta Cristina en el banquillo con la sola acusación de Manos Limpias "vulnera sus derechos fundamentales". Además es una "pesadilla" para los grandes juristas españoles que siempre han rechazo que se pueda abrir juicio oral sólo con la acusación particular". Silva ha denunciado, con vehemencia, que su cliente no puede seguir en este proceso y ha reclamado la "nulidad de apertura del juicio oral" en los que se refiere a su patrocinada.

Muy alterado, a veces en un tono muy alto, Silva ha atacado a Manos Limpias, de la que dice no tiene "legitimación" por sí sola para actuar contra la hermana del Felipe VI, según la jurisprudencia del Supremo, y no solo la doctrina Botín. "No existe la posibilidad de personación de un acusador particular", ha dicho en hasta cuatro ocasiones diferentes.

En su intervención, de apenas un cuarto de hora, el socio de despacho de Miquel Roca, también presente en la sala, ha insistido en que "no puede sostener la acusación popular en solitario porque están personados en el Ministerio Público y la Abogacía del Estado" y éstas últimas partes no ven delito alguno.

Silva ha reiterado que en el derecho español el "sujeto pasivo" del delito de fiscal son las haciendas públicas y solo estas administraciones pueden sentirse víctimas. Y este no es el caso. "En este proceso -ha explicado- no se trata de determinar si ha habido una afectación de un interés público difuso" por la supuesta colaboración de Cristina de Borbón en los delitos fiscales de Urdangarin, sino si la Agencia Tributaria ha sufrido un perjuicio. Y según la propia Hacienda y la Fiscalía, no ha sido así.

A este respecto, Virginia López-Negrete, la abogada de Manos Limpias, ha defendido su legitimación para acusar a la hermana del Rey, no solo por la defensa de la exduquesa, sino por la Fiscalía o la Abogacía del Estado. "Los dos fraudes a los que supuestamente ayudó la infanta son delitos pluriofensivos y que afectan al bolsillo de todos nosotros". "La acción popular es un derecho. Es un artículo recogido en la Constitución. La Ley no establece ninguna limitación", ha recordado la letrada, antes de que denunciar que no enjuiciar a la hija de don Juan Carlos sería un "privilegio de inmunidad para una ciudadana española".

La exduquesa es el foco de todas las miradas, aunque, en realidad, es la imputada que se enfrenta a menos pena. Solo Manos Limpias le pide ocho años de cárcel por ser "cooperadora necesaria" de los delitos fiscales de Urdangarin, quien ocultó al fisco 182.005 euros de IRPF en 2007 y 155.138 euros en 2008. Ella, la más buscada, está sentada en la última fila, a la derecha, separada de su marido, Iñaki Urdangarin, quien se enfrenta a una petición fiscal de 19,5 años de cárcel por un lista de delitos que parece inacabable (prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales).

La infanta está pasando, sin duda, el peor trago de su vida, pero ella y sus abogados están convencidos de que este 11 de enero será el único día que la hermana del Jefe del Estado se deba sentar en el banquillo. Los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva -los primeros en llegar al juzgado, a las 7.50 horas-, confían en sacarla del proceso en esta primera sesión, reservada a las llamadas 'cuestiones previas'. Se trata del trámite procesal previo al inicio de la vista oral propiamente dicha, y habitualmente exhibe momentos muy tediosos y técnicos que los defensores aprovechan para buscar defectos en la instrucción que beneficien a sus clientes.

Llegada al juzgado

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ambos con trajes oscuros, han llegado juntos al juzgado, una hora y cinco minutos antes del inicio de la vista oral, en una berlina gris metalizada. Los exduques, con gesto serio, no se han parado ante los medios de comunicación ni han saludado, pasando directamente a la sala de imputados. Allí se ha vivido un momento de máxima tensión al estar el matrimonio junto a Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro -que han llegado a las 8.35 horas acompañados de su letrado, Manuel González Peeters-, con los que hace ocho años que no tienen contacto y horas después de que el exsocio de Urdangarin criticase al cuñado del Rey en un programa de televisión.

Las primeras imágenes del interior de la sala, que han comenzado a retransmitirse sin audio por lo que se ha retrasado durante unos instantes el comienzo de la vista, han mostrado a los acusados de espalda. Sin duda, lo más llamativo ha sido ver charlando, con cierta frialdad, eso sí, a Iñaki Urdangarin y Diego Torres al fondo del banquillo de los acusados. Separada de ellos y en silencio está Cristina de Borbón.

La vista ha comenzado a las 9.20 horas con la lectura por parte del letrado de la Administración de los cargos de todos los imputados. La infanta, con gesto inmutable, a veces mirando al techo, ha escuchado cómo la acusación pública le reclama ocho años de cárcel por la cooperación en los delitos fiscales de su marido.

Seguridad extrema

En un insulso edificio del destartalado, y hoy colapsado por el tráfico, polígono industrial de Son Rossinyol, a las afueras de Palma y frente a la cárcel de Mallorca, ha comenzado la vista oral más esperada con un cuádruple cordón de seguridad para acceder a los juzgados dentro de unoperativo policial similar al de una cumbre internacional, con más de 250 agentes -50 de ellos antidisturbios desplazados desde Valencia-, y con un despliegue de medios informativos sin precedentes para un acontecimiento así.

Cerca de 600 periodistas y técnicos acreditados de 90 medios diferentes, entre ellos casi una treintena internacionales, dan buena cuenta de la expectación que ha creado este juicio en todo el mundo. La imagen del primer miembro de la Familia Real española sentando en un banquillo ha despertado más interés, incluso, que el paseíllo de Cristina de Borbón aquel 8 de febrero de 2014. Sin embargo, tan solo ocho miembros de Unidad Cívica por la República han acudido para manifestarse.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma no decidirá de inmediato sobre si la infanta sigue o no sentada en el banquillo. Las magistradas Samantha Romero, Elonor Moyá y Rocío Martín tendrán tiempo de sobra para resolver esta compleja cuestión jurídica hasta que el próximo 9 de febrero comience el interrogatorio de los imputados. En teoría, la sala podría aplazar la resolución sobre estas cuestiones previas hasta la sentencia, algo que obligaría a la infanta a seguir en el banquillo durante todo el juicio, pero todas las fuentes consultadas apuntan a que las magistradas decidirán las alegaciones de Roca, Silva y Horrach antes de retomar las sesiones de la vista oral el mes próximo.

Que la infanta siga o no como imputada es «casi intrascendente» para el desarrollo del juicio y los hechos, por los que los acusados se enfrentan a 103 años de cárcel, pero nadie duda que mediáticamente la continuidad o no de Cristina de Borbón en el banquillo marcará los derroteros del juicio más esperado.