¿Cómo ha llegado la hermana del Rey al banquillo?

La infanta estuvo totalmente al margen del 'caso Nóos' desde el inicio de la investigación en verano de 2010 hasta que en abril de 2012 Diego Torres comenzó a distribuir la primera de sus siete andanadas de correos electrónicos apuntando contra la Zarzuela y, de paso, contra Cristina de Borbón. Un año de mails con innumerables indicios de que la infanta no solo estaba al tanto de los negocios de su marido con las administraciones de Jaume Matas y Francisco Camps sino que pudo mediar en ellas, hicieron cambiar de opinión al juez Castro, que hasta entonces se había opuesto de manera radical a señalar a la hija de don Juan Carlos. El magistrado, solo respaldado por Virginia López-Negrete, la letrada de Manos Limpias, emprendió su particular cruzada contra ella cuando, casi por sorpresa, el 3 de abril de 2013 decidió imputarla por delitos relacionados con el tráfico de influencias.

Aquel bombazo inesperado supuso el divorcio para siempre entre Castro y el fiscal Pedro Horrach, que se negó en redondo a ver delito alguno en la actuación de Cristina de Borbón como vocal del Instituto Nóos, un papel que, según Anticorrupción, era exclusivamente testimonial. En las antípodas de esa tesis se situó el juez, quien acusó a la hija del entonces jefe del Estado de ser "cómplice" o "cooperadora necesaria" de los supuestos delitos de su marido al frente del Instituto Nóos y de una fundación de niños discapacitados. Es más, de "prestar su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido y por Diego Torres, a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como generoso por parte de las administraciones públicas".

Pinchazo

Pero Castro pinchó en hueso. Por el momento. Apenas un mes después, la Audiencia Provincial de Palma suspendió la citación como imputada de la infanta, al entender que, como sostenía Horrach, el papel de Cristina de Borbón en Nóos era poco más que de mujer florero. Pero aquella resolución judicial estaba envenenada para la infanta. Los magistrados la exculpaban por Nóos, pero señalaban con bastante claridad a Castro el camino para encausar definitivamente a la exduquesa: su ayuda para que su marido defraudara con Aizoon más de 337.138 euros a Hacienda en 2007 y 2008.

El juez recogió el guante y dedicó casi un año a eso, a investigar a la infanta por los delitos fiscales hasta que el 25 de junio de 2014 Castro concluyó la investigación y en su escrito acusó a Cristina de Borbón de "colaborar activamente" con los delitos fiscales de Urdangarin y de blanquear ese dinero ilícito. Pero cabía recurso. Sus abogados y la Fiscalía (convertida en defensa real) se pusieron manos a la obra en otoño de 2014 para que la Audiencia Provincial exculpara a su cliente. Pero el tribunal palmesano dio la gran sorpresa el 7 de noviembre de ese año y, lejos de salvar a la infanta, confirmó que debía sentarse en el banquillo por dos delitos fiscales (que no de blanqueo) con la sola acusación de Manos Limpias y aunque Anticorrupción y Hacienda no le imputaran delito alguno.

El 22 de diciembre de 2014, horas antes del primer discurso de Navidad como Rey de su hermano, la sentó en el banquillo de manera irrevocable. El instructor se negó a aplicarle la controvertida 'doctrina Botín' (según la cual nadie puede ser procesado por un delito fiscal si Hacienda, la víctima, no se siente agraviada) y la llevó a juicio, acusada de delitos por los que Manos Limpias pide ocho años de cárcel para ella.