Catalá: «Cualquier actuación contraria al mandato del TC ya provocaría que se actuara»

El Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la resolución independentista aprobada el lunes por el Parlament para iniciar lo que los soberanistas denominan el proceso de "desconexión" de España. La iniciativa queda así suspendida durante cinco meses, mientras el TC se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Además, y atendiendo la demanda del Gobierno, el alto tribunal apercibirá a las personas responsables de que una eventual desobediencia les llevaría a incurrir en un delito y a la suspensión de sus funciones. Un total de 21 altos cargos entre los que se incluye la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, así como la vicepresidenta del Govern, Neus Munté.

Catalá ha subrayado que la resolución del Parlament "avanza en la dirección de promover leyes que instrumenten lo que ellos denominan desconexión". "Nos parecía que para hacer efectiva la resolución del Tribunal Constitucional había que enfocarla directamente a quien puede poner en marcha un proceso legislativo en el Parlament, que es la presidenta y el Gobierno" catalán. De ahí, ha continuado, el requerimiento para que se abstengan de hacer cualquier tipo de actividad en esa línea.

En caso de que se produzca una desobediencia, Catalá ha advertido de que se actuaría inmediatamente. Podría ser el Constitucional el que actuase de oficio o bien el Gobierno el que acudiese a esa instancia para plantear que los miembros señalados por el dictamen lo están ignorando. "El Tribunal Constitucional tiene capacidad suficiente para hacerlo", ha recalcado Catalá, y "el Gobierno también".

Diálogo sí, pero no desde "la imposición"

El ministro de Justicia se ha mostrado esperanzado en que las cosas no lleguen tan lejos y que se cumpla con el mandato del Constitucional. "Ese es el escenario ideal para todos", ha apuntado. Ha arremetido contra quienes promueven "estos conflictos institucionales" que lo que pretenden es "generar enfrentamientos y levantar barreras entre españoles", y ha insistido en que lo deseable es que "esto se quede aquí".

Ha recordado que "el Parlamento de Cataluña existe porque está en la Constitución", es "una institución del Estado", aunque "parece que de todo esto se olvidan". Ha reconocido que los partidos independendistas obtuvieron en las elecciones del 27 de septiembre un apoyo notable pero que no llegaba ni a la mitad del censo. Ha subrayado que "en una sociedad democrática, las mayorías deben imponerse a las minorías" y ha admitido que el problema catalán habrá que abodarlo con política y diálogo, "pero no mediante la coerción". "Habrá que sentarse para encontrar soluciones dentro de la Constitución" y no desde "la imposición", ha remachado.