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Alfonso Torices
Martes, 10 de noviembre 2015, 07:33
El dictamen que el Consejo de Estado ha aprobado hoy, sobre las 14.00 horas y por unanimidad, insta al Gobierno a la inmediata inpugnación ante el Tribunal Constitucional de la moción secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña el lunes y a ... reclamar primero su suspensión cautelar y después su nulidad por considerar que viola abiertamente al menos cuatro artículos esenciales de la Carta Magna, así como otros del propio estatuto de autonomía catalán.
La resolución "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado". Según añade el Consejo de Estado y recoge Europa Press, niega el "orden constitucional vigente en su conjunto".
El órgano asesor del Estado no tiene duda alguna sobre que no se haya ante un documento inocuo, por meramente político, sino que considera, muy al contrario, que la resolución intenta desplegar claros efectos jurídicos en un futuro.
En su informe, el Consejo de Estado señala además que la impugnación ante el Constitucional "correspondería que se dirigiera contra la resolución en su conjunto" y no "contra puntos concretos de la misma" puesto que "todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores".
Entre los ataques fundamentales a la Constitución están la vulneración evidente de apartados del texto con la máxima protección del Estado como los que proclaman que la soberanía nacional reside en el pueblo español, la indisoluble unidad de la nación, la sujeción de todos los poderes públicos a la ley, y la vulneración del mecanismo establecido y reglado para la reforma de la Constitución.
Son, de hecho, los mismos argumentos centrales en que se basará el recurso que el Ejecutivo ya tiene prácticamente redactado y que presentara la Abogacía del Estado este miércoles para paralizar la resolución secesionista, una vez reciba la orden expresa del Consejo de Ministros que se reunirá minutos antes y de forma extraordinaria.
Estas alegaciones formarán también con toda seguridad parte del corazón de la futura sentencia del Constitucional que anule definitivamente la moción, y que en fuentes del tribunal ya se especula con que tendrá un respaldo unánime. Son violaciones que ya se constataron en 2014 en la sentencia que liquidó por abiertamente ilegal la «declaración de soberanía» del Parlament de un año antes, un texto con un contenido mucho menos rupturista que el actual.
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