¿Qué ocurrirá el 28-S?

"Los españoles somos constructores de puentes", proclamó el pasado jueves el jefe del Ejecutivo en la inauguración del Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz. En tono conciliador evocó los "grandes" logros que los ciudadanos son capaces de conseguir cuando se edifica "sobre los pilares del entendimiento y la concordia". Lo dijo el día después de que su ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el debate con el líder de Esquerra, tendiera la mano a los secesionistas: "Se os quiere, no rompamos".

Diversas fuentes del PP contemplan que el bloque soberanista esperará hasta pasadas las elecciones generales de finales de año para dar los pasos definitivos. Los comicios del domingo, así como los de diciembre, definirán los nuevos interlocutores que tendrán que buscar una salida al conflicto en Cataluña. Algunos dirigentes populares no descartan que sea entonces cuando se aborde la renovación del pacto constitucional. El propio García-Margallo valora la vía de la reforma de la Carta Magna para encajar "el hecho catalán".

Mientras tanto, sin embargo, el ruido y la tensión están garantizados. En el palacio de la Moncloa aseguran no estar elaborando un plan específico de acción para detener los movimientos de los independentistas. Cada actuación del Gobierno vendrá determinada por los avances de los partidarios de la secesión. Y por ahora, ninguna de las dos partes enseña sus cartas.

Lo que es evidente es que el Ejecutivo ha preparado el terreno por lo que pueda pasar. La reforma del Tribunal Constitucional que el Congreso aprobará la próxima semana es buena prueba de ello. Los populares culminarán el cambio legal para que aquellos cargos públicos que ignoren las sentencias del Constitucional puedan ser suspendidos de sus funciones. Una advertencia directa al presidente de la Generalitat, se llame o no Artur Mas.

Escenarios

La impugnación ante este tribunal podría ser la vía más rápida para suspender una hipotética declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña. Lo siguiente, sin embargo, sería hacer frente a la creación de las estructuras de Estado que Mas prometió.

Las responsabilidades penales individuales de cada miembro de la Administración podrán dirimirse siempre en los tribunales. Pero, además, el Estado tiene mecanismos para intervenir en caso de que una comunidad atente gravemente contra el interés general de España. La Constitución contempla en su artículo 155 que el Gobierno podrá "adoptar las medidas necesarias» para obligar a los territorios que no cumplan con sus funciones. Suspender la autonomía, sin embargo, se considera extremo desde el Ejecutivo. «Sería una bomba atómica", admite el ministro de Exteriores.

En este contexto, el titular de Defensa, Pedro Morenés, hizo saltar las alarmas tras asegurar a principios de septiembre que, "si todo el mundo cumple con su deber, no hará falta ningún tipo de actuación" militar. El artículo 116 de la Constitución permite la declaración de un estado de sitio en caso de "insurrección o acto de fuerza" contra la integridad territorial y la soberanía nacional. Y aunque las Cortes estuvieran disueltas, el Gobierno interpreta que la Diputación Permanente podría asumir el papel de autorizar este recurso. Pero si la suspensión de la autonomía se considera una "bomba atómica", en las filas del Ejecutivo ni se atreven a expresar esta posibilidad.