Iratxe Sorzabal, una etarra con varios asesinatos a cuestas

Los expertos antiterroristas sospechan que Sorzabal leyó el comunicado de ETA en el que la banda anunció el cese de atentados. En el vídeo aparecía una mujer encapuchada, escoltada por otros dos miembros de la banda, ataviados también con vestimenta negra y capuchas blancas.

Según los investigadores, la voz de la etarra era la misma que la que se pudo escuchar en el comunicado con motivo del 50 aniversario de ETA en enero de 2009, cuando Sorzabal podría haberse aupado ya al frente de la jefatura del aparato político. El jefe político suele ser quien custodia las capuchas negras y las banderas utilizadas en la lectura de los comunicados.

El último rastro de Sorzabal fue una fotografía localizada en enero de 2009 en un zulo de Francia, en la que aparecía junto a un niño de corta edad. En marzo de 2008, su nombre aparecía en los primeros carteles que Francia colgó en dependencias policiales con las fotografías de los etarras más buscados.

Numerosas escapadas

La presunta etarra ha protagonizado multitud de escapadas. Un ejemplo es su huida en 2009 cuando se escabulló tras sufrir un accidente de coche en las cercanías de Allegre, en Francia, junto a Iurgi Mendinueta. Antes de darse a la fuga, ambos escondieron un ordenador en un bosque de las proximidades, donde los investigadores hallaron una foto de Sorzábal con un niño de corta edad.

Pese a su juventud, Sorzabal tiene un amplio historial delictivo a sus espaldas y ha sido imputada por la Audiencia Nacional por dos asesinatos -el del agente de la Ertzaintza Roman Doral en 1996 y el de la valenciana Josefina Correza en 1995-, otros dos atentados en grado de tentativa, quince delitos de terrorismo y uno por integración de banda armada.

Sorzabal, nacida el 6 de noviembre de 1971 en el municipio guipuzcoano de Irún, se integró en varios comandos, entre ellos el llamado 'Ibarla', entre 1994 y 1997 y el 'Sugoi', desarticulado en 2001. Aquel año fue detenida en Rentería por su presunta relación con el comando 'Galicia' que en aquellos momentos ultimaba un atentado con coche bomba contra el expresidente de la Xunta Manuel Fraga. Además, fue parlamentaria de Herri Batasuna.

La existencia del 'comando Ibarla' fue conocida en 2001 a raíz de la detención de Iratxe Sorzabal por parte de la Guardia Civil. La arrestada admitió en dependencias policiales haber formado parte del grupo y los atentados que se le imputaban sin embargo no ratificó judicialmente sus declaraciones. Tras permanecer un tiempo en prisión fue puesta en libertad provisional en septiembre de 2001 y en diciembre de 2003 quedó finalmente en libertad por falta de pruebas.

En libertad por falta de pruebas

El 4 de abril de 2001, fue condenada a prisión incondicional por su relación con el asesinato del ertzaina Ramón Doral Traballero con una bomba-lapa en los bajos de su vehículo en 1996, del policía Eduardo López Moreno con un artefacto colocado en la antigua Casa Cuartel de Endarlaza (Navarra) en 1994 y con la colocación de cinco artefactos explosivos en El Corte Inglés de Valencia, cuyo estallido causó la muerte de Josefina Corresa en diciembre de 1995.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se vio obligado a dejarla en libertad, a petición del fiscal Fernando Burgos, por falta de pruebas consistentes. La presunta etarra había relatado días antes el asesinato de Lopez, pero ante el juez se negó a declarar.

Al comando K-Ibarla se le considera autor de más de 20 atentados entre los años 1994 y 1997. Entre sus acciones, la Guardia Civil atribuye a la célula la colocación de artefactos explosivos en recintos aduaneros de puestos fronterizos de Navarra, en Juzgados de San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Gijón así como los ataques contra intereses turísticos de las localidades de Denia, Altet y Oliva (Alicante).

Sorzábal ya había sido detenida en Francia el 26 de noviembre de 1997 en una granja de Bretaña junto con dos presuntos terroristas y matrimonio acusado de darles cobijo. En febrero de 1999, el Tribunal Correccional de París la condenó a tres años de prisión y diez de prohibición para residir en suelo francés y fue expulsada a España en diciembre de aquel año, donde quedó en libertad al no haber causas pendientes contra ella en la Audiencia Nacional.

Un año antes de su puesta en libertad, Sorzábal se puso en huelga de hambre en la cual, según dijo, perdió 39 kilos y tuvo que ser hospitalizada. Tras ello, trabajó como profesora de euskera y fue portavoz de Gestorias Pro-Amnistía de Guipúzcoa.