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Mateo Balín
Martes, 8 de septiembre 2015, 12:36
La actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada es frenética y el incremento de la producción coincide, sobre todo, con el abrupto final de la fase de 'vacas gordas' y el comienzo de la crisis económica, financiera y social en ... España en 2008, el año de la gran recesión.
Hace una década, en 2004, en la plenitud de 'El país de las maravillas', la Fiscalía estaba personada en 122 procedimientos judiciales, una cantidad que iba en línea con el progresivo aumento del número de causas en activo desde 1997, según los datos conocidos hoy de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
En 2006 y 2007 se produjo un importante acelerón, pero no fue hasta 2008, con la incipiente depresión económica dando sus primeros síntomas, cuando la tramitación de las causas por corrupción y criminalidad organizada se amontonaron, 246, el doble que en 2004. Desde ahí la pendiente de subida se fue endureciendo. En 2013 se sobrepasaron los 300 procedimientos en marcha y el pasado año se alcanzaron 340, casi el triple que hace una década.
"Se manifiesta, un año más, el progresivo aumento del trabajo que pesa en esta Fiscalía máxime si se tiene en cuenta el volumen, la complejidad y especial trascendencia jurídica y mediática de los asuntos que constituyen su competencia", ha destacado la Memoria del Ministerio Público.
El incremento de los procedimiento en activo se nutre, además, del número de causas nuevas que se van judicializando. El pasado año se duplicaron las diligencias de investigación, 37 por 19 de 2013; la cifra de denuncias o querellas interpuestas por esta Fiscalía, 10 en 2013 frente a 20 del pasado curso; mientras que los escritos de acusación presentados (en la fase previa a la celebración de juicio) fueron 35 y el de sentencias recaídas, 19 (solo dos absolutorias).
También hubo novedades en 2014 respecto al periodo anterior en relación con los escritos y denuncias presentados en la Fiscalía. Los registros de entrada pasaron de 1.940 a 2.163, los escritos cuyo destino ha sido el archivo, de 229 a 103 de 2013, y los casos remitidos a otras fiscalías u organismos pasaron de 236 a 229.
Se recibieron 557 denuncias y se interpusieron 20 querellas o denuncias, derivadas de las Diligencias tramitadas por la Fiscalía Especial que han dado lugar a los correspondientes procedimientos judiciales manteniendo la competencia esta Fiscalía Especial.
Madrid, a la cabeza
En cuanto a los órganos judiciales que siguen estos 340 procedimientos, se puede hacer la siguiente distribución: 142 en la Audiencia Nacional, 28 ante juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 28 de la Comunidad Autónoma de Madrid, 73 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, diez de las Islas Canarias, tres en el Principado de Asturias, 22 en la Comunidad Autónoma Valenciana, uno en Castilla-La Mancha, 26 en las Islas Baleares (principalmente en Palma de Mallorca), seis en la Comunidad Autónoma de Murcia y uno en la de Aragón (Zaragoza).
De entre todos estos procedimientos, 16 se siguen en la Sala Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto, afectan a personas aforadas.
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