Independentismo y corrupción

Pero la operación policial del viernes y la posterior reacción del resto de partidos, cargando con dureza contra la que entienden es una huida hacia adelante de Mas, que ha arrastrado a su juicio a Esquerra y a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para tapar sus manzanas podridas, ha dejado claro que a la lista independentista no le resultará tan sencillo mantener resguardado al presidente de la Generalitat y le costará desligar sus siglas de una larga lista de casos, que no para de aumentar, como son, entre otros, el Palau, familia Pujol, Alavedra y Prenafeta, Clotilde, Innova y ahora Torredembarra y Teyco. Demasiadas sombras como para que los escándalos del 3% no formen parte de un componente clave de la campaña del 27-S. Como así será, aunque Romeva tire balones fuera.

La tesis oficial del soberanismo dice que precisamente una de las razones de ser del proceso es que Cataluña pueda empezar de cero y pueda disponer de todas las herramientas para construir una sociedad más justa y limpia. Pero se olvida esa tesis oficial de que algunos de los que pilotarán esa hipotética transición hacia la independencia son, en el caso de Artur Mas y los dirigentes convergentes, hijos políticos de Jordi Pujol -quien ha reconocido que mantuvo durante años una fortuna sin declarar en paraísos fiscales- y son compañeros de una presunta manera de actuar, llamada 3%, que consistiría en cobrar comisiones para financiar el partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Convergència tiene quince sedes embargadas por el juez del caso Palau como garantía de pago en el caso de que la sentencia dictamine que la formación se benefició y se financió a través del expolio perpetrado por Félix Millet y Jordi Montull al Palau de la Música.

La versión oficial del independentismo mantiene que Mas es un adalid en la lucha contra la corrupción y que buena parte de los casos que han explotado en la sociedad catalana en los últimos tres años forman parte de una estrategia de guerra sucia del Estado central para intentar perjudicar el proceso soberanista. Convergència, que asegura que ya ha roto amarras con su pasado pujolista, utilizó esa misma teoría para las elecciones de 2012, cuando informaciones periodísticas señalaron que Pujol y Mas tenían fortunas en paraísos fiscales, lo de Mas no, pero lo de Pujol se confirmó años después.

Beneficio para Esquerra

Los casos de corrupción afectaron a las elecciones de 2012 y la entonces CiU, que aspiraba a la mayoría absoluta (68 escaños) obtuvo 50, cuando tenía 62. Quien pescó en río revuelto fue Esquerra. En esta ocasión podría ocurrir algo similar. Juntos por el Sí, coalición que integra a CDC, ERC y las plataformas de la sociedad civil, pretende alcanzar la mayoría absoluta, aunque el que puede salir beneficiado de que Esquerra se haya tapado la nariz por el bien del proceso es la CUP, que puede mantener el discurso equidistante de criticar al mismo tiempo la corrupción convergente y la caza de brujas del Estado. Está por ver si la corrupción acaba restando votos al independentismo -como ocurrió en las elecciones municipales de Barcelona, en las que Ada Colau supo capitalizar ese voto del descontento-, ya que si algo ha demostrado en los últimos años el secesionismo es una gran capacidad de cierre de filas y de saber defenderse de las acusaciones atacando al enemigo exterior (el Estado) con la bandera. De momento, la lista de Mas trata de que ningún elemento externo altere su argumentario de campaña, basado en vender la ilusión de crear un país nuevo, una especie de arcadia feliz, sin recortes y sin corrupción.