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efe
Miércoles, 22 de julio 2015, 12:50
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que "no cabe en absoluto" y es "imposible" una declaración unilateral de independencia en Cataluña tras las elecciones del 27 de septiembre, y ha reconocido que el artículo de la Constitución que permite suspender la autonomía " ... está plenamente en vigor".
El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso Rafael Calduch ha insistido este miércoles en que "hace ya tiempo" que el Gobierno debería haber aplicado el artículo 155 de la Constitución para obligar al Ejecutivo catalán a cumplir la ley. Preguntado por el artículo 155, ha admitido que todos los preceptos legales "cuando se aplican por primera vez tienen consecuencias imprevisibles y los efectos se pueden prever hasta cierto límite", pero se ha mostrado convencido de que "su aplicación no provocaría reacciones peores que las que se pretendía evitar".
En una entrevista en la cadena Ser, Catalá se ha referido así a la posibilidad de una declaración unilateral de secesión tras las elecciones autonómicas catalanas anunciadas para el 27 de septiembre.
El ministro ha valorado el modelo actual, descentralizado y que ha funcionado 37 años, y ha sostenido que esa opción "no cabe en absoluto" en el escenario actual y es "inviable e imposible".
Preguntado por si se plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía si una comunidad autónoma incumple la legalidad, Catalá ha dicho que ese artículo "está plenamente en vigor y es posible su utilización", estando previsto "para casos extraordinarios", aunque hasta ahora no se ha aplicado.
"Ahí está, y por lo tanto si se llegase a un escenario en el que hubiese que acreditarlo haría falta una mayoría en el Senado. Hay un procedimiento y no es el Gobierno el que decide, ni muchísimo menos, sino que tienen que concurrir unas circunstancias", ha explicado.
En cuanto a si se impugnará el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas del 27S, ha dicho que se valorará cuando se presente, y ha precisado que el Gobierno no ha solicitado por ahora ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado informes sobre cómo actuar en este asunto.
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