El 'conseguidor' De Pedro se niega a declarar ante el juez por su estado anímico

El juez Velasco, que interrogó a De Pedro el pasado 30 de octubre en la primera ronda de comparecencias de la 'operación Púnica', ha ordenado que se le retire el pasaporte y prohíba salir del territorio nacional, a petición de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García.

El magistrado también ha interrogado en calidad de imputado al exdiputado del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid Mario de Utrilla, para quien ha ordenado comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su domicilio. Utrilla, que ocupará hasta este sábado el cargo de alcalde en funciones del municipio madrileño de Sevilla La Nueva, ha asegurado que nunca adjudicó ningún contrato ilegal en este consistorio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su hermano, el exconcejal de Móstoles Alejandro Utrilla (PP), está imputado por siete delitos que habría cometido al favorecer a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros. Según los pinchazos telefónicos que obran en el procedimiento, la empresa se comprometió a entregarle 240.000 euros que se justificaron en otros conceptos, un asunto sobre el que su hermano Mario ha sido preguntado en su comparecencia.

Velasco ha interrogado además esta mañana al alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita (PP), y a su pareja, la ingeniera municipal de este consistorio Teresa Martín, que fueron detenidos este miércoles y para quienes ha ordenado comparecencias mensuales en los juzgados más cercanos a sus domicilios.

El juez, que les ha tomado declaración por los contratos que el consistorio suscribió con la empresa de eficiencia energética Cofely, atribuye a ambos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, mientras que al regidor le acusa además de tráfico de influencias y cohecho.

Certificados médicos

El dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento 'on line' en redes sociales, Alejandro de Pedro se ha acogido a su derecho a no declarar, tras aportar diversos certificados médicos que le recomiendan evitar situaciones de estrés y desaconsejan que acuda a las citaciones judiciales para su mejora clínica, según las fuentes consultadas.

El empresario valenciano ha puesto de relieve en un comunicado, al que tuvo acceso Europa Press, que su intención es colaborar con la Justicia y ayudar a "sacar a la luz toda la verdad con el fin último de reparar su honorabilidad como persona y como empresario". "Pero a día de hoy, mi estado psicológico y anímico me ha impedido contar mi verdad", ha añadido.

El imputado argumenta también que la mayor parte de la instrucción sigue bajo secreto de sumario, por lo que "ni siquiera" conoce los hechos que se le imputan, y explica que era dueño de dos empresas con 26 trabajadores contratados, que reinvertían sus beneficios en I+D y eran "rentables" habiendo facturado 846.692 euros, de los cuales 145.241 euros pertenecen a la Administración Pública en 2014.

"Sin color político"

"Méritos profesionales que justifican nuestra espectacular cartera de clientes, habiendo trabajado con las mejores cuentas de España, desarrollando planes estratégicos de Social Business así como planes de reputación y posicionamiento 'on line' de importantes firmas del IBEX, Administraciones públicas, desde su estructura local hasta las más altas instancias del Estado, personajes del corazón y periodistas tanto en España como en muchos países extranjeros. No teníamos color político sólo profesional de ahí mi relación personal en ambos lados", asegura.

"En este camino quizá he cometido errores, exagerado en mis conversaciones y en algún caso seguro me he equivocado de esos supuestos amigos que por lo visto me han utilizado para sus intereses, pero la realidad no es otra que la que cuento. Así soy yo, el informático que conocía a todo el mundo. Especialista en generar negocio en Internet y marca personal que ahora va a empezar a trabajar para reconstruir la suya", expone.

Velasco le ha citado para aclarar los supuestos pagos en negro, por un total de 120.000 euros, que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), dependiente de la Consejería de Presidencia que dirigía Salvador Victoria, habría reclamado a la empresa Indra con De Pedro como beneficiario.

El juez quería pedir explicaciones también al empresario sobre el volumen de contratos que se adjudicó EICO en relación con la plantilla que tenía, de apenas una decena de empleados. Durante el interrogatorio al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el juez mostró su extrañeza por el hecho de que el club contratara a las empresas de De Pedro para situarlo en las redes sociales cuando apenas tenía "diez empleados y veinte clientes". A su juicio, EICO no tenía "capacidad" suficiente para afrontar esta tarea.

Cabeza de la organización criminal

De Pedro está imputado por los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. En el auto de prisión del pasado 30 de octubre, el juez le situó a la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por el constructor David Marjaliza, cabecilla de la red junto al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

"Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", señalaba el magistrado.

El empresario permaneció en la cárcel hasta el pasado 24 de diciembre, cuando abonó una fianza de 50.000 euros que en febrero pasado le retiró la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que entendió que la medida era "innecesaria", toda vez que no sirve para aminorar el riesgo de destrucción de pruebas o de influir sobre otros implicados en la causa.

También se le relaciona con el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, quien le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar" en el cargo.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".