Procesado el exvicepresidente de la Diputación de Castellón

De esta forma, la sala ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Francisco Martínez contra una resolución del juzgado de instrucción número 2 de Castellón en la que se acordaba desestimar un recurso anterior contra el auto de incoación de procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- por esta misma causa.

El juzgado abrió la causa contra Martínez, en la actualidad alcalde de Vall d'Alba en funciones; el excalde de Borriol, Adelino Santamaría y otras cinco personas más. Con esta decisión, la sala desestima los recursos de apelación interpuestos por Martínez y el resto de imputados, que siguen procesados, a excepción del presentado por Ignacio Sangüesa -técnico de la Diputación-, sobre quien ha acordado el sobreseimiento.

La Audiencia señala que en el auto recurrido la instructura da una respuesta "cumplida y razonada" a los motivos de impugnación -que son los mismos que ahora se alegan-, tanto respecto de la falta de motivación como sobre la tipicidad de los hechos denunciados y la existencia de indicios racionales de criminalidad, por lo que no adolece de la más "mínima" fundamentación fáctica o jurídica, mientras que añade que la motivación del auto de procesamiento es conforme con los dictados legales.

Respecto a la inexistencia de incidicios racionales de actuación delictiva o la atipicidad de los hechos relatados en el auto de incoación de procedimiento abreviado alegado en todos los recursos, la sala asegura que en esa resolución se cumplen todas las exigencias formales.

Beneficio económico

Al respecto, añade que la prueba documental aportada a la causa, las declaraciones de los imputados y algunos testimonios permitirían sostener, siquiera provisoriamente, la realización de diversas conductas tendentes a lograr la inclusión de una parcela como terreno afectado por el proyecto de la depuradora de Borriol a propuesta del exalcalde de la localidad, Adelino Santamaría, parcela que fue adquirida por la hija de Francisco Martínez a otro de los imputados, "que intervino favoreciendo la ocultación de la relación de esa parcela con su titular, todo ello con la obtención de beneficio económico de los imputados".

Sin embargo, la Audiencia estima el recurso presentado por Ignacio Sangüesa, al considerar que los hechos que se le atribuyen no revisten el carácter de infracción penal, por lo que decreta el sobreseimiento de la causa respecto de él.

Así, respecto del delito de prevaricación administrativa que se le imputaba, la Audiencia señala que la actuación del recurrente no era decisiva para la supuesta adopción de una resolución injusta, puesto que los informes que emitió no eran "vinculantes ni decisivos" para la elaboración del proyecto de construcción de la depuradora, además de que se emitieron a petición del alcalde de Borriol.

Además, se explica que los hechos denunciados respecto del técnico de la Diputación no pueden ser tampoco constitutivos de un delito de tráfico de influencias, pues "aún en el supuesto no acreditado de demostrarse la influencia de Martínez o Santamaría para la emisión de los informes, dicha conducta del funcionario sería atípica, pues en el tráfico de influencias sólo se sanciona la conducta del que influye, pero no de la persona influida".

Finalmente, respecto del delito de fraude ilegal, atribuido también a Sangüesa, no consta que el funcionario haya participado en ninguna contratación pública ni liquidación de bienes públicos.

Martínez no se presentó en los pasados comicios como candidato a repetir en la Alcaldía de Vall d'Alba por el PP y en abril de este mismo año cursó baja del partido. En enero del año pasado, el actual presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesó a Martínez por "pérdida de confianza" al conocer que la titularidad de los terrenos sobre los que estaba proyectada la depuradora era de una empresa titularidad de la hija del que era hasta ese momento su vicepresidente y que fue mano derecha de Carlos Fabra.