En libertad provisional el delegado del Gobierno en Valencia tras declarar ante la juez

Castellano ha sido detenido este viernes por un caso de corrupción política y poco antes de las siete de la tarde, ha llegado a la sede judicial esposado y en medio de una gran expectación mediática, y ha soportado también abucheos y gritos de varias personas que se han agolpado en las inmediaciones. El exconseller y ex secretario general del PPCV ha llegado en un coche policial acompañado por tres agentes y ha recorrido los escasos metros que le separaban de la entrada judicial cabizbajo, en mangas de camisa y sin gafas.

Castellano ha salido custodiado por la Policía de su vivienda en la localidad de Benisanó tras un registro que ha durado unas 7 horas. Un grupo de siete agentes llamó al timbre del exconseller de Gobernación para acceder a su casa. Minutos más tarde, una comitiva judicial se personó en el domicilio. Al cabo de media hora, un agente bajó a la calle y volvió a subir a la primera planta del inmueble con varias cajas de cartón. Otro de los policías metió el vehículo policial en el garaje del delegado del Gobierno. Pasadas las 13 horas, la juez y el fiscal anticorrupción han salido de la vivienda familiar.

Asimismo, un par de agentes de la Policía han acudido a la Conselleria de Gobernación, situada en el complejo 9 d'Octubre, dentro de la operación contra el delegado del Gobierno. Los policías han abandonado las dependencias sobre las 12.00 horas.

Anticorrupción investiga desde el pasado mes de octubre la vinculación de Castellano con Avialsa y si recibió regalos por favorecer a Vicente Huerta, presidente de esta mercantil, durante su etapa al frente de la Conselleria de Gobernación, responsabilidad que ocupó desde el año 2007 al 2014. Los contratos para la extinción de incendios le reportaron a la empresa cerca de 33 millones de euros.

La operación la dirige el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, en funciones de guardia, y hasta el momento se han detenido a nueve personas, entre ellos el alcalde de Quartell, Paco Huguet, el exconcejal de esta localidad, Emilio Máñez (que aparece en las fotos de las cacerías), y el citado empresario Vicente Huerta. La causa está bajo secreto y la operación continúa abierta.

El caso arrancó en Madrid tras la denuncia interpuesta por el exgerente de la citada mercantil en la que se alertaba de diferentes irregularidades en la contratación de estos servicios. El ministerio público trasladó las diligencias de investigación penal a Valencia al ser el lugar en el que presuntamente se produjeron las irregularidades.

Indicios suficientes de criminalidad

Desde hace seis meses, la Fiscalía Anticorrupción investiga el asunto. Varios testigos han comparecido en la sede del Ministerio Público. El responsable de las pesquisas ha encontrado indicios suficientes de criminalidad para llevar el asunto al juzgado. En el escrito inicial se aludía a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y el máximo responsable de Avialsa por el cambio del tipo de aviones que prestarían el servicio. Al parecer, las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas variaciones se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera penalizado a la empresa beneficiaria.

El ahora delegado del Gobierno siempre ha defendido su actuación al frente del departamento de la Generalitat. Hace justo un año, desmintió que hubiera contratado irregularmente a la citada mercantil. Además, recordó que la empresa de Huerta trabajaba para la Generalitat desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones, "fue la única que se presentó".