Griñán y Chaves piden una prueba clave en los ERE

Según la documentación aportada por la defensa, la titular del juzgado incorporó a la causa tan solo 5 folios que contienen el índice de estos documentos. El grueso de la documentación, que fue nominado como Anexo XXI mediante providencia de 1 de setiembre de 2014, sigue en el juzgado a disposición de las partes pero no ha sido incorporado a la causa especial que instruye el Supremo.

En el escrito presentado por la defensa de José Griñán se dice que dicha documentación acredita que el parlamento de Andalucía recibió toda la información necesaria para "ejercer sus derechos de examen, enmienda y aprobación de la Ley de Presupuestos en lo referido a las ayudas sociolaborales del programa 31.L". Los letrados de la defensa aseguran que los documentos remitidos por el parlamento demuestran que el destino de cada partida presupuestaria destinada a ayudas sociolaborales estaba claramente establecido desde el principio.

A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de "mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras".

Informe jurídico

La defensa solicita igualmente que el magistrado instructor que pida a Alaya el informe elaborado por la Letrada Jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, informe cuyo criterio es contrario al de los peritos de la IGAE y que tampoco ha sido incorporado a la Causa Especial.

En definitiva, según los abogados de la defensa, estas circunstancias ponen de manifiesto que la finalidad de las partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales estaban definidas desde un principio, eran claramente conocidas y aprobadas por el Parlamento.