Andalucía paraliza los trabajos de reapertura de Aznalcóllar por las irregularidades en su adjudicación

El anuncio de la suspensión lo ha realizado la propia presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, durante un acto en Huelva, donde ha defendido la legalidad del concurso dado que contó con "la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos" y "siempre se ha buscado el máximo nivel de transparencia, tanto en este proceso como en otros que tenga la Junta". Por eso, ha apuntado a que "ante cualquier sospecha que tenga un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta haré lo que he hecho esta mañana, ordenar que se paralice cualquier concesión que esté en esa situación", porque "es lo que tenemos que hacer siempre". "Ahora bien, pido que haya rapidez y rigor para aclarar si hay o no cualquier irregularidad porque son miles de trabajadores" los que están pendientes de esta decisión, ha matizado.

El juzgado investiga desde mayo de este año el proyecto por los presuntos delitos de prevaricación, cochecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar. En concreto, en un auto conocido hoy en el que se pide a la Policía que tome declaración a la directora general de Minas de la Junta de Andalucía, la juez habla de "limitaciones, deficiencias y falta de rigor de Minorbes en relación al certificado de grupo extranjero, su seguro de responsabilidad civil, y la documentación aportada de las empresas que integran el grupo".

Según denunciaron en su momento desde otra de las empresas descartadas, la ganadora Minorbis es en realidad una filial de la entidad Magtel y carece de los presupuestos mínimos necesarios para haber obtenido dicha adjudicación, al tiempo que incide en "un supuesto trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía en otra serie de expedientes y subvenciones concedidas. Asimismo, los grupos ecologistas cuestionaron la seguridad del proyecto en los márgenes de Doñana dado que la otra sociedad del consorcio, el Grupo Méjico, fuera la causante de uno de los mayores desastres medioambientales en el país centroamericano con un enorme vertido al río Sonora.

Según han informado fuentes judiciales, la juez ha pedido a la Policía que tome declaración al alto cargo de la Junta dado que de las diligencias realizadas hasta el momento se evidencia, al menos indiciariamente, la existencia de graves irregularidades en el proceso de adjudicación. Señala el auto que "no se aprecia que la entidad Minorbis -Grupo México o Minorbis , S.L. cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación".

Desde la Consejería andaluza de Economía, Innovación Ciencia y Empleo han asegurado hoy que el procedimiento de licitación seguido para la adjudicación "se ha adecuado a la legislación estatal y autonómica", que ha sido "plenamente transparente para todas las empresas interesadas" y que se ha basado "en criterios objetivos predeterminados de antemano, en igualdad de condiciones para todos", recordando que fue realizado por funcionarios públicos "ajenos a eventuales influencias externas".

Asimismo, la administración regional muestra su completa disposición a seguir colaborando con la justicia, a la que ya se ha facilitado diferente documentación desde el inicio de las diligencias e insiste en que se ha cumplido el primer objetivo de la reapertura de la mina, "la recuperación de una importante fuente de empleo y riqueza para el pueblo de Aznalcóllar, Sevilla y, por ende, Andalucía", por lo que sigue adelante el calendario previsto para el inicio de la actividad minera.