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Mateo Balín
Martes, 14 de abril 2015, 20:13
El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de los ERE fraudulentos, acordó el pasado 7 de abril, el día en que comenzaban las declaraciones de los aforados, reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de Andalucía en las que hayan sido aprobadas ... modificaciones presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales a empresas.
La diligencia fue pedida por la acusación popular del sindicato Manos Limpias y el juez la estimó con fecha 7 de abril, ya que estas actas, afirmó, no constan en la documentación remitida a la sala por el Juzgado de Instrucción seis de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya. Será este órgano quien envíe la documentación al Supremo, según la providencia del juez a la que ha tenido acceso este periódico.
Durante el periodo en que se investigan las ayudas, 2000-2012, se realizaron 22 modificaciones presupuestarias, de las que 16 que pasaron por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves. Al final, el denominado Programa 31L recibió 855 millones de euros, de los cuales unos 140 millones pudieron ser desviados a fines espurios, según las estimaciones iniciales.
Para Manos Limpias, con esta documentación se podrá conocer las diferentes opiniones que existían en el Consejo de Gobierno sobre este programa de subvenciones o prestaciones no regladas, tal y como las definió José Antonio Griñán.
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