Las relaciones con Rabat, prioridad del Gobierno

madrid. Las relaciones con Marruecos han sido siempre para España tan importantes como conflictivas, y el Gobierno intenta ahora liberar toda la tensión posible para que no salten por los aires. El rescate de los tres espeleólogos españoles en el Atlas, durante el cual murió uno de los montañeros, y el procesamiento de la Audiencia Nacional de once altos cargos marroquíes por genocidio, han complicado los esfuerzos de equilibrio y prudencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en su intención de no perturbar la paz con el país vecino.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría enmarcó ayer en el ámbito judicial el auto del juez Pablo Ruz por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992, y recordó que con Marruecos, lo importante, al margen de «vicisitudes que ocurran entre estados» es «preservar» la colaboración en asuntos «clave» como la lucha contra el yihadismo y la inmigración ilegal.

Ese interés explica la actitud del Ejecutivo tras el fallecimiento del espeleólogo José Antonio Martínez durante la operación de ayuda después de que él y otros dos compañeros se despeñaran en la cordillera del Atlas. De la misma manera que el presidente del Gobierno esta semana, la número dos del Ejecutivo defendió ayer la «buena voluntad» del país vecino en las labores de salvamento de los accidentados y su capacidad de gestionar los recursos en su propio territorio. «Marruecos es un estado soberano y tiene sus protocolos de actuación», puntualizó Sáenz de Santamaría.

Las familias

La vicepresidenta, que admitió que en el futuro se trabajará para «mejorar la colaboración en todos los órdenes», insistió, además, en que los Ministerios de Exteriores y del Interior han estado en permanente contacto con Rabat para ofrecer la «mayor asistencia y cobertura». «Todos los gobiernos en España, y este también lo ha hecho, nos ocupamos y preocupamos de lo que pueda pasar a los españoles en el exterior», garantizó tras recordar que esa fue también la premisa con los enfermos de ébola repatriados y con aquellos que sufrieron secuestros terroristas en el Magreb.

El Gobierno transmitió, por otro lado, su «apoyo y solidaridad» a las familias de las víctimas y aseguró estar a la espera de la decisión que adopten en materia judicial. Los allegados de los fallecidos han anunciado ya su intención de unirse a las federaciones de montañismo y espeleología para emprender acciones en los tribunales y denunciar lo que consideran un asesinato «por la negligencia de Marruecos y por la torpeza del Gobierno de España de creerse lo que le decían y no poner los medios necesarios para paliar la situación».