Móstoles, la nueva causa de Ruz

Carlos es un funcionario del Juzgado de Instrucción cuatro de Móstoles, ciudad de más de 200.000 habitantes a una veintena de kilómetros al suroeste de Madrid. Su lamento no es excepcional. En estos órganos territoriales, los llamados «juzgados de trincheras», el personal va a calzón quitado de ocho a tres de la tarde para que no les pille el tren en forma de pendencia. Porque después, ojo, el día menos pensado aparece Inspección y explícales tú que se ha incrementado la carga de trabajo desde la última vez.

Al lado de Carlos trabaja Gustavo. Alarga su mano sobre una cartulina marrón que envuelve un taco de documentos. «En este tomo hay una pericial pendiente desde hace año y medio (se hace el silencio) ¡Y la causa data de 2011! Seis jóvenes están imputados por agredir a un padre y a su hijo. Aquí requerimos un examen forense. Pero al tratarse de un otorrino el cuerpo judicial debe buscarlo en el ámbito privado. He reiterado la petición, pero nada», se queja. O sea, o no hay dinero para la prueba o no hay especialistas disponibles. No cabe otra.

El puesto de trabajo de Gustavo está enfrente de la puerta de entrada al juzgado. A su derecha un pasillo de veinte metros cruza varias mesas más, pasa por delante del despacho de la secretaria judicial y acaba en el del magistrado. Se llama Leandro Martínez Puertas y llegó a Instrucción cuatro de Móstoles en mayo de 2014. Leandro es el sustituto del juez titular, un tal Pablo Ruz, instructor en la Audiencia Nacional del caso Gürtel, de la caja B del PP, del caso Neymar, el saqueo de la SGAE, el fraude de Pescanova o la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola, entre otros.

A pocos días de abandonar la Audiencia Nacional (y el consecuente foco mediático), Ruz solo conoce de pasada su futuro «juzgado de trincheras». Fue la mañana del 10 de julio de 2013, cuando tomó posesión de la plaza y subió a la tercera planta para saludar y despedirse de los funcionarios, ya que instantes después cesó en el puesto para continuar con la comisión de servicios que ahora concluye.

«Sabemos que viene Ruz, pero no cuándo. ¿Dices que después de Semana Santa? Pues que se vaya preparando para este golpe de realidad», comenta Marta mientras trota de mesa en mesa, cogiendo y dejando documentos de aquí y de allá con una enorme eficiencia.

En el próximo juzgado de Ruz la plantilla la forman ocho funcionarios, más el juez, la secretaria judicial y una fiscal asignada a varios órganos. Mientras, en la Audiencia Nacional cuenta con el doble de personal. En Móstoles, segundo partido judicial de Madrid con 270.000 personas, ya que incluye varios municipios más, las periciales tardan meses e incluso años. En la Audiencia, por poner algunos ejemplos, el volcado de los ordenadores de Bárcenas o los informes de Hacienda están listos en unas semanas o días, si se trata de una diligencia urgente. «Este es el golpe de realidad» del que habla Marta.

«Aquí los asuntos más tratados son faltas, hurtos, daños, lesiones, algún homicidio y de vez en cuando un asesinato. Han subido los delitos patrimoniales, las estafas tecnológicas o los impagos», detalla el magistrado Martínez. Por las mañanas se cubre la agenda ordinaria: declaraciones, pase de detenidos, diligencias varias o juicios de faltas; mientras, el tiempo dedicado a la investigación penal se suele hacer fuera de horario, por la tarde «o nos llevamos el tocho a casa. Y no, no se pagan horas extras», asegura.

En Instrucción cuatro de Móstoles se tramitan una media anual de 5.000 diligencias previas y 1.000 juicios de faltas. «Cuando llegué había una carga de trabajo alta, con 1.200 asuntos pendientes, pero ahora está en 600. Sin la implicación de los funcionarios hubiera sido imposible», comenta el juez con modestia. El éxito se trabaja. Influye el buen ambiente y la eficacia. «Y eso que en el último año solo hemos estado la plantilla al completo un mes, fallan los ordenadores, el climatizador, no llegan las periciales». ¿Y ha hablado de todo esto con Ruz? «No», admite.