La Fiscalía investiga la contratación de Marta Pujol en un ayuntamiento barcelonés

La Fiscalía ha abierto esta investigación a raíz de la denuncia que le remitió Nou Sant Vicenç, el principal partido de la oposición, después de que el Ayuntamiento, gobernado por CiU y PSC, iniciara la redacción de las bases del proceso de selección del puesto de funcionario técnico superior de ingeniería que ahora ocupa Marta Pujol. En su investigación, que es secreta, el ministerio público tratará de averiguar en qué condiciones contractuales ejerce como arquitecta la hija de Jordi Pujol y si actualmente existe un contrato laboral que la ampare, por si de ese proceso pudieran desprenderse indicios de delito.

Según la denuncia, la hija mayor del expresidente de la Generalitat firmó un contrato como arquitecta el 3 de abril de 1996 -con una jornada de 9 horas semanales y un sueldo de 2.264,17 euros-, que expiró en 2006, con prórroga incluida. En su comparecencia en la comisión del Parlament que investiga la fortuna oculta por su familia, Marta Pujol admitió el pasado lunes que fue empleada en 1996 gracias a un acuerdo del pleno municipal del consistorio, gobernado entonces por CiU y ERC, y que ese contrato tenía una vigencia de cuatro años que se prorrogó por otros cuatro, hasta 2004.

Según la versión de la hija de Jordi Pujol, fue contratada en 1996 porque el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt la "fue a buscar" al de Sant Andreu de Llavaneres, dirigido entonces por Víctor Ros (PP) y en el que trabajaba como arquitecta desde 1987. La hija del expresidente catalán precisó que su contrato es por quince horas semanales, aunque en realidad "trabaja más", y reconoció que en el pliego de condiciones estaba especificado que podía optar a adjudicaciones públicas del consistorio, como los proyectos de un centro cívico y una guardería que el Ayuntamiento le encargó.

Práctica habitual

Marta Pujol Ferrusola reconoció que había sido empleada en el consistorio sin que se convocara la plaza de arquitecta, ya que se les adjudicó el puesto "como un servicio de consultoría externa", lo que en su opinión es una práctica habitual en muchos municipios pequeños. "Esto es una situación contractual que está en manos del secretario del Ayuntamiento y de Intervención y que nadie ha revocado", alegó Marta Pujol, que apuntó que en el consistorio hay otras tres personas "en la misma situación", por lo que es "un problema" que tiene la entidad.

Ante la insistencia de los diputados para que aclarara su situación contractual, Marta Ferrusola defendió que más del 90 % de los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes "están en la misma situación". "En todos estos años nadie ha puesto en duda mi labor profesional ni desde el gobierno (municipal) ni desde la oposición. Otra cosa es que ahora se me haga una campaña por otros motivos. Profesionalmente, nunca se ha puesto en duda mi capacidad para hacer este trabajo", añadió, tras apuntar que estaba siendo cuestionada por sus "apellidos".