Los indicios de Alaya contra Chaves y Griñán

En el escrito remitido al Supremo el pasado mes de agosto, Alaya detalla los indicios contra los nueve exaltos cargos de la Junta, todos ellos aforados. La instructora explica que la decisión de utilizar las transferencias de financiación en vez de subvenciones para pagar ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos y al PSOE fue una decisión "política" para eludir los controles. Así, destaca la juez que la cúpula de la administración regional desoyó los avisos que "hasta la saciedad" realizó la Intervención general de la Junta de Andalucía acerca del uso de un procedimiento inadecuado.

En este sentido, se extraña Alaya de que los responsables de Hacienda interrogados hasta el momento no se percataran de que los pagos de las ayudas, en ocasiones validados con un simple protocolo suscrito con algunas empresas, suponían importantes modificaciones presupuestarias al margen del control de la Intervención, y que no indagaran sobre el motivo de las mismas. La situación provocó un desfase presupuestario de hasta 95,5 millones que, estima la juez, por ejemplo impidió cumplir los objetivos de déficit en el año 2005.

La juez exime al Parlamento andaluz de cualquier responsabilidad en la implantación de este procedimiento irregular, al apuntar que cuando éste se consolidó en las leyes anuales de Presupuestos "se utilizó un lenguaje oscuro y ambiguo con expresiones equívocas", para que los parlamentarios no tuviesen conocimiento claro de lo que ocurría y aprobasen las cuentas.