La Abogacía del Estado pide 62 años y 8 meses de cárcel para Bárcenas

En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado explica que su intervención en esta causa "lo será sólo a los efectos de perseguir y tratar de obtener reparación de los delitos respecto de los que se encuentran comprometidas sus competencias administrativas", por lo que sólo acusa de delitos fiscales, falsedad y, en el caso del matrimonio Bárcenas, también de estafa procesal en grado de tentativa.

Por ello, su acusación se dirige contra 20 de los 42 imputados en esta causa: cuatro de ellos en concepto de autores -Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo- y los otros 16 como cooperadores necesarios en los delitos que se imputan a los primeros, entre ellos el líder de Gürtel, Francisco Correa.

De ahí, posiblemente, que el escrito tampoco haga referencia a las responsabilidades civiles del PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo, que sí les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.

Lo que sí "consta acreditada" para la Abogacía es que Bárcenas llevaba junto al imputado Álvaro Lapuerta "una contabilidad paralela o Caja B -denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido Partido político entre los años 1990 a 2008".

Responsabilidades civiles

La Abogacía relata en su escrito que los líderes de la trama Gürtel, Correa y Crespo, distribuían las comisiones por las labores de intermediación de los considerados como autores, una retribución que en el caso de Bárcenas se entregaba tanto en efectivo como "en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados a través de presuntas facturas ficticias", así como de regalos.

Para ocultar la procedencia del dinero, bien obtenido a través de la trama Gürtel o de la caja B del PP, Bárcenas y su mujer crearon "un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas", donde el extesorero llegó a acumular 42 millones de euros. En 2009, al estallar el caso Gürtel, Bárcenas, ayudado por Yáñez y Sanchís, "procedió a desplegar una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen".

El delito de estafa procesal del que acusa al matrimonio Bárcenas se basa en el intento de hacer aflorar esos fondos ilícitos bajo la "excusa" de que derivaban de operaciones de compraventa de cuadros, que no se han podido acreditar.

A lo que no hace referencia el escrito es a las responsabilidades civiles del PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo, que sí les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Lo que sí reclama en concepto de responsabilidad civil son 11,2 millones de euros a Bárcenas, al que le atribuye 17 delitos fiscales por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de los años 2000 a 2009, 1,9 millones a López Viejo, a Ortega 1,2 millones y a Rosalía Iglesias 267.319 euros.