El PP niega las acusaciones de Anticorrupción y asegura que sus cuentas están auditadas

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza principal del 'caso Gürtel' ha escocido en el Partido Popular. Un día después de conocerse el contenido del documento, que confirma que el partido se lucró con la trama corrupta, pide que devuelva 328.000 euros y confirma la existencia de una 'caja B' que se nutría de donativos relacionados con adjudicaciones públicas, el PP emitió un comunicado para desmentir estos indicios y aclarar su situación procesal.

Hasta la fecha los populares apenas habían recurrido a la nota oficial para dar su opinión sobre la marcha de un proceso judicial que les afecta. La reacción de sus dirigentes de un tiempo para acá, sobre todo con la negativa evolución para sus intereses de casos como 'Gürtel' o 'caja B', no se movía del «respeto a las resoluciones de los jueces». Sin embargo, el escrito de Anticorrupción tuvo efectos inmediatos en la formación de Mariano Rajoy, que salió al paso quizá pensando en clave electoral por el asumido desgaste que le genera la corrupción.

Así, el PP subrayó que no tiene la «condición de acusado» en el 'caso Gürtel', sino el de responsable civil subsidiario, y reivindicó que es «absolutamente ajeno» a los hechos que se imputan a personas «concretas» y que los gastos electorales del partido han sido «debidamente» auditados por el Tribunal de Cuentas.

«El Partido Popular ha sufrido y sigue sufriendo perjuicio de todo orden por los hechos que se imputan a personas concretas y respecto a los cuales el partido es absolutamente ajeno», indica el comunicado.

De forma pedagógica, relató ayer que el escrito de las fiscales acusa a los supuestos responsables penales de la trama, al que posteriormente se añadirán los escritos de la defensa de todas las partes acusadas y de los responsables civiles. Por lo que el informe de la Fiscalía Anticorrupción, aseguran, «no es una declaración de condena».

Añade la nota que solo en el juicio oral se determinará «con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía», y pone énfasis en recordar que la figura del partícipe a título lucrativo exige «que éste ignore la existencia del delito del que supuestamente proceden sus efectos». Aunque del beneficio manifiesto del dinero no dicen nada.

El comunicado subraya que este concepto derivaría del eventual empleo «por dos exediles del PP de las cantidades percibidas de la trama en gastos de sus respectivas campañas municipales», en referencia a los que fueran alcaldes de Pozuelo y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, a los que reclaman 15 y 50 años de cárcel, respectivamente.

Dimisión y elecciones

Como era de esperar, el escrito de acusación fue usado por la oposición para recordarle a Rajoy su responsabilidad política por estos hechos. El presidente calló ayer en las jornadas sobre seguridad celebradas en Madrid, pero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le volvió a pedir explicaciones. «Es el presidente del fraude» porque dijo que bajaría los impuestos y aprobó una subida «mientras aprobaba amnistías para Bárcenas». Y tras incidir en que «defraudó con la 'Gürtel'» reivindicó que «basta ya de engaños y fraudes, de Ana Mato, de Jaume Matas, de Cospedal, de Aguirre y de Aznar, de Blesa y de Rato», exhortó Pedro Sánchez desde Valencia.

Con más dureza, la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, solicitó la dimisión de Rajoy por «mentir» en el Congreso de los Diputados, en donde dijo que el Partido Popular no contaba con una 'caja B', mientras que el diputado nacional de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, instó al Gobierno a que convoque elecciones generales de forma inmediata ante una situación de «ilegitimidad clara» derivada de su relación con la trama 'Gürtel'.