La policía acusa a Ortiz de pagar una casa a la hija del exalcalde de Alicante

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, está fechado el pasado 16 de diciembre y también arroja dudas sobre el destino de otros 150.000 euros extraídos el 24 de octubre de 2008 de una cuenta de Banco de Valencia y entregados posteriormente a María Manuela Carratalá, la esposa del empresario implicado, más conocida como Maleles.

El análisis efectuado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se basa en el cruce de los numerosos datos bancarios recabados en distintas entidades financieras y el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco del caso Brugal, del que procede la pieza separada relativa al PGOU.

Los investigadores describen dos «operaciones de cohecho» en las que implican a Ortiz, Díaz Alperi y diversas personas del entorno del primero que habrían actuado como intermediarios. Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF concluyen que el empresario pagó al exalcalde 174.007 euros para «compensar el precio pagado» por su hija, la diputada autonómica Elisa Díaz, por un bungalow.

«Una recopilación de todos los indicios existentes llega a inferir la confirmación de la hipótesis planteada de que el dinero extraído el 25 de octubre de 2008 por parte del entorno de Enrique Ortiz fue entregado a Luis Díaz Alperi como compensación del dinero pagado por su hija Elisa Díaz por la adquisición de una finca», señalan, aunque precisan que no ha podido constatarse que ella «tuviera conocimiento» de esa situación. Ese dinero procedía de una cuenta bancaria a nombre de la Unión Temporal de Empresas Hospital Elche-Crevillent, según la Policía, en forma de pagaré por un «trabajo falso» realizado por una firma de ingeniería. En nombre de ésta, un intermediario recibió el dinero en otra cuenta abierta «ad hoc» ese mismo 25 de octubre y cancelada tres meses después.

Reparto de «bocadillos»

Los investigadores atribuyen a Díaz Alperi el cobro de un soborno en efectivo de 60.000 euros que la esposa de Ortiz le habría dado por orden de éste en julio de 2009. Los sospechosos se referían a este tipo de entregas de dinero como «bocadillos», según las conversaciones telefónicas intervenidas. Además, informes policiales anteriores recogidos en el marco de la investigación del PGOU ya atribuían al exalcalde y ex diputado autonómico del PP el pago de otras dádivas por parte del empresario, entre ellas un viaje en jet privado a la isla de Creta.

La instrucción de la causa suma por el momento 19 imputados, después de que el juez Tejada decidiera sobreseer provisionalmente la causa para otros dos empresarios y el abogado de uno de ellos al entender que no se han confirmado los indicios delictivos por los que fueron encausados en un primer momento, según fuentes jurídicas.

Por otro lado, la Audiencia Provincial ha desestimado recientemente la petición de otro de los imputados, la exalcaldesa Sonia Castedo, de que se archivara la investigación para ella. El tribunal ha determinado que no se vulneraron sus derechos de defensa y que la instrucción ha arrojado «más que sospechas» de una actuación supuestamente delictiva por su parte.