Las horas bajas del PP

En el PP siempre se asumió, desde el principio, el precio político derivado del manejo de la crisis. Recién llegado a la Moncloa, el presidente liquidó el programa electoral con el que había solicitado la confianza de los ciudadanos para tomar las riendas del Ejecutivo. Subidas de impuestos, recortes en Sanidad y Educación, pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, reducción de pagas de los funcionarios «No queda alternativa», se justificaba Rajoy ante su parroquia. Y en el partido lo entendieron. España estaba al borde del rescate, en el punto de mira de Europa, en la cuerda floja, con la prima de riesgo disparada y los mercados amenazando con el colapso.

El PP decidió entonces tirar del argumento de la herencia recibida para ganar credibilidad y sortear la bajada de popularidad confiando en que los tres años que quedaban por delante jugarían a su favor y la recuperación llegaría a tiempo. Pero el aval de la gestión económica, que busca como una obsesión el Gobierno, ha resultado ser insuficiente cuando una cuarta parte de la población está en paro y se acumulan los frentes que desgastan al PP.

Fuego amigo

Algunos de los 'bombazos' que, según la dirección del partido, han caído sobre Génova, se escaparon del control del Ejecutivo. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo derogó la doctrina Parot, que permitía alargar la estancia en prisión de los etarras, y puso en pie de guerra a las asociaciones de víctimas.

La formación que en otro tiempo quiso ser el adalid de la lucha contra el terrorismo sin cesiones tuvo además que asumir el coste entre su electorado de la excarcelación, por enfermedad, de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara.

Otros problemas que han pasado factura los provocó, sin embargo, el propio Gobierno. Es el caso de la reforma de la ley del aborto. Tras dos años de idas y venidas, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto que Rajoy decidió retirar en septiembre ante el revuelo interno generado. La intención de suprimir de la normativa el supuesto de malformación fetal fue entendido por una parte del PP como un obstáculo para el próximo año de elecciones. La polémica acabó llevándose por delante al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y provocó la decepción en el sector más duro del partido.

La ley del aborto fue uno de esos asuntos que el jefe del Ejecutivo resolvió abandonándolos. El otro ha sido la apuesta de los populares de introducir la elección directa de alcaldes para permitir que gobierne el candidato más votado. El vicesecretario general del PP, Javier Arenas, acabó topándose con la oposición de sus barones autonómicos.

Pero sin duda, la gota que ha colmado el vaso, lo que ha hecho que se disparen todas las alarmas en el partido y que arrecien las voces que critican la falta de liderazgo en la cúpula del PP, ha sido la gestión de los casos de corrupción que asolan a los populares y la reacción ante polémicas como la del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que cargó a las cuentas del Senado viajes privados a Canarias.

Pocos quedan en la formación que no compartan que se ha actuado tarde, mal y sin mostrar ninguna contundencia frente a aquellos afectados por los escándalos. Buena parte de los reproches apuntan hacia la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tocada por su forma de llevar el caso Bárcenas y por declaraciones como aquellas en las que aseguró que el PP había hecho «todo lo que podía» contra la corrupción. Una «barbaridad», dicen los suyos, que sólo aviva la desazón de los populares a seis meses de las elecciones y que alimenta la sensación de que nadie está al mando, ni siquiera Rajoy.

El presidente, que, a pesar de todo, sólo se siente cómodo en los discursos sobre la marcha de la economía, acusa también ahora el golpe del desafío catalán. La respuesta de Mariano Rajoy a las intenciones expresadas por Artur Mas ha estado plagada de incongruencias que extienden una sombra de improvisación sobre el Gobierno.

Discurso político

Tras el primer recurso del referéndum ilegal ante el Tribunal Constitucional, los populares restaron importancia al plan B del presidente de Cataluña. La «encuesta» que se pretendía celebrar el 9-N carecía, según ellos, de fundamentos y repercusiones. Pero aún así, el Gobierno resolvió recurrir por segunda vez mientras prometía que nunca habría consulta.

No todos en el Ejecutivo y en el PP compartieron la decisión, y el malestar creció cuando el domingo los informativos de las televisiones ofrecieron las imágenes de los catalanes votando. Fuentes gubernamentales subrayan que el Gobierno se ha encontrado solo, con una Fiscalía que ha tardado en reaccionar, mientras en el partido, el ala más conservadora, no comprende las llamadas a la proporcionalidad de Rajoy ni por qué no se impidió la colocación de las urnas.

El jefe del Ejecutivo tiene ya poco margen de maniobra. Lo hecho, hecho está. A partir de ahora, cualquier negociación del modelo de financiación que pueda entenderse como una concesión a Mas será rechazada en bloque por el resto de presidentes autonómicos. Así que Mariano Rajoy se ha lanzado a tratar de recuperar el terreno ganado por el independentismo con un discurso que coloca al Gobierno de la nación como quien ha garantizado que el día a día de los catalanes sea menos dramático, con sus ayudas a la financiación, mientras la Generalitat se enrocaba en el soberanismo la defensa, y a subrayar la inviolabilidad de la soberanía nacional.

Posibilidades de pacto

Corrupción, Cataluña, aborto En el PP entienden que lo que está fallando, en el fondo, es la política. Y es la principal herramienta del partido para afrontar las elecciones municipales y autonómicas de mayo y, más tarde, las generales. El escenario se presenta complicado porqe Podemos se abre paso en las encuestas y las opciones para pactar se reducen en los ayuntamientos a fuerzas como UPyD, en tendencia descendente, y, en el Congreso de los Diputados, a nacionalistas como CIU, en pleno enfrentamiento con los populares.

El PP gobierna ahora en 34 de las 50 capitales de provincia, pero temen que puedan contar con los dedos de una mano aquellas que seguirán administrando en los próximos comicios. Por otro lado, completar las listas en los municipios no será fácil con la clase política en el punto de mira de la ciudadanía y la marca PP en horas bajas.

En Moncloa llaman a mantener el «equilibrio» y no dejarse llevar por desánimo. Queda aún más de un año para las generales y Mariano Rajoy piensa agotar la legislatura. Los análisis políticos publicados hace tres años reflejaban una España en la que el PNV y Bildu podían presionar con reivindicaciones independentistas desde el País Vasco y Artur Mas, con reclamaciones de un pacto fiscal para Cataluña. Hoy, el país es otro y al presidente del Gobierno sólo le queda encomendarse al azar o tomar las riendas y cambiar el rumbo.