La cúpula fiscal apoya la querella de Torres-Dulce contra Mas

La decisión de la Junta de Fiscales reunida hoy, con la presencia de 24 fiscales más Torres-Dulce, se ha producido casi por unanimidad. Solo dos han mostrado sus discrepancias: Pedro Crespo, fiscal de Sala Jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. La postura final ha dejado en evidencia a los seis fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que votaron en contra de iniciar acciones penales contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau.

La propuesta que desde las 10 de la mañana ha debatido la Junta de Fiscales de Sala señalaba que Mas perseveró en su intento de organizar la consulta pese a la suspensión del Tribunal Constitucional con el único fin de eludir el control de la Justicia.

El borrador de querella de Torres-Dulce recogía los indicios delictivos en los que, a su juicio, podrían haber incurrido los investigados. Se trata de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación, obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

Para el jefe del Ministerio Público la orden de suspensión dictada por el Constitucional fue "absoluta, tajante e inequívoca", "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.

Señala que la suspensión afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma "personal y directa" Mas y Ortega, destaca Torres-Dulce.

"El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del Constitucional y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional", añade la propuesta, que afirma que los hechos "integran todos los elementos delito de desobediencia".

Prevaricación y malversación

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat. Frente a ello, el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, que en ningún caso pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa".

De interés para la causa, según Torres-Dulce, son también las convocatorias cursadas vía correo electrónico por autoridades del Departamento de Educación, bajo la dirección de Irene Rigau, a directores de institutos de enseñanza media para que colaboraran con la cesión de locales para la instalación de las mesas electorales.

En cuanto a los gastos, que sustentarían el delito de malversación, enumeró los realizados en informática y telecomunicaciones, en elaboración material y en difusión institucional, así como los generados por la web, que fueron cargados al erario público. La apertura de institutos y edificios públicos también generó gastos, a los que hay que añadir el coste de la mensajería para el buzoneo.