El PP acusa a los fiscales catalanes de estar «contaminados por el ambiente»

Más conciliador se mostró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha evitado opinar, apelando a la independencia judicial, sobre las diferencias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado en torno al 9-N, aunque ha confiando en que la Fiscalía cumplirá con su misión constitucional de defender la legalidad.

Fernández Díaz se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras inaugurar el III Congreso Nacional de Seguridad Privada, a la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de oponerse a presentar una querella por el proceso participativo del 9-N, a pesar de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torrres-Dulce, ha dado instrucciones en ese sentido.

Junta de fiscales

Ante esta discrepancia interna, Torres-Dulce ha convocado para mañana una junta de fiscales de sala con el fin de avalar su decisión de presentar la querella contra los responsables políticos de la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional en dos ocasiones.

El ministro ha dicho que la posición del Ejecutivo es la que establece la Constitución en su artículo 124, en el que se desarrolla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que según ha recordado dice que "la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley". "La Fiscalía actúa bajo las ordenes del fiscal general del Estado, bajo el criterio de unidad de acción y de jerarquía, con autonomía del Gobierno", ha subrayado, y ha explicado que no iba a entrar en más detalles "precisamente por respeto a esa autonomía y a las normas".

Únicamente ha añadido que el tiene "plena confianza" en que "la Fiscalía podrá cumplir con la misión que constitucionalmente tiene establecida". Ha precisado que lo hará "desde su autonomía y con absoluta sujeción a lo que la Constitución y su propio Estatuto Orgánico le encomiendan", que según ha incidido es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad".

El ministro ha concluido recordando que algunas personas consideran que el 9-N se violó la ley, y corresponde a la Fiscalía determinar si fue así y, en su caso, qué delitos se pudieron cometer.

Preguntado sobre si la Policía está llevando a cabo ahora algún trabajo relacionado con la consulta, el ministro ha dicho que "los únicos trabajos que está realizando serán aquellos que se le soliciten para esclarecer o aportar información que pueda ser de interés para las diligencias informativas o de investigación que el sábado previo al 9-N abrió la Fiscalía Superior de Cataluña".