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Alfonso Torices
Sábado, 27 de septiembre 2014, 12:21
El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales para anular la consulta independentista en Cataluña convocada esta mañana por Artur Mas solo unos minutos después de que el presidente de la Generalitat firmase el decreto que fija su fecha y preguntas.
El Consejo de Estado reunirá mañana, domingo, su Comisión Permanente para aprobar el dictamen de los dos recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Fuentes de esta institución han informado de que la reunión de la Comisión Permanente tendrá lugar a lo largo de la tarde de mañana, domingo.
Las mismas fuentes han indicado que la sección primera del Consejo de Estado -dirigida por Landelino Lavilla y a la que corresponde el estudio y la redacción de los dictámenes- ha comenzado a trabajar ya sobre ellos. El criterio del Consejo de Estado sobre la ley de consultas está "muy avanzado", explicaron las fuentes de esta institución, que añadieron que ahora hay que analizar el decreto de convocatoria de la consulta soberanista que fue firmado hoy por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
El Gobierno ha iniciado hoy los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum soberanista del 9 de noviembre que, según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "no se va a celebrar porque es inconstitucional". Así, ha remitido al Consejo de Estado, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la petición de los dictámenes y ha fijado una urgencia de 48 horas, lo que permitirá al Consejo de Ministros disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el próximo lunes, día 29, para acordar la presentación de los recursos.
Soraya Sáenz de Santamaría, en funciones de presidenta del Gobierno por estar Mariano Rajoy de regreso de su viaje a China, convocó de urgencia una comparecencia pública, solo dos horas después de la firma del decreto, para dejar claro que la consulta de autodeterminación no se va a celebrar porque viola la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de España, y porque, diga lo que diga Mas, "es un referéndum como la copa de un pino".
La vicepresidenta ha anunciado que el Ejecutivo acababa de encargarle al Consejo de Estado el dictamen preceptivo para confirmar que tanto la ley de consultas como el decreto que en su nombre convoca el referéndum son ilegales antes de que el Consejo de Ministros acuerde, el próximo lunes, impugnarlos ante el Tribunal Constitucional para lograr su suspensión cautelar inmediata. El plazo máximo que el Consejo de Estado tiene para entregar su informe es de 48 horas.
Santamaría, que ha tranquilizado a los españoles con la promesa de que no habrá referéndum y de que el Gobierno garantiza el cumplimiento estricto de la ley y de los derechos de los ciudadanos, ha recordado a la Generalitat y a todos los partidos soberanistas catalanes que una vez de que el Constitucional acuerde la suspensión de la ley y la consulta, quizás el martes, nadie podrá realizar acto o campaña alguna para prepararla o llevarla a cabo sin que se considere que ha violado la ley y se enfrente a la comisión de un delito. "La suspensión produce el efecto de que no se puede producir ningún efecto de ninguna naturaleza", ha aclarado.
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