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Ander Azpiroz
Domingo, 10 de agosto 2014, 00:56
Las diferencias ideológicas no impiden las alianzas para hacer 'negocios'. Esto es lo que se desprende de las múltiples investigaciones judiciales en las que se han visto envueltos de forma conjunta dirigentes de distintas fuerzas políticas.
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Uno de los mejores ejemplos de este tipo de ... connivencia se da en la 'operación Pokemon'. El sumario de esta trama gallega en la que una empresa supuestamente sobornó a políticos municipales a cambio de adjudicaciones incluye entre sus imputados a destacados cargos del PP y el PSdeG. Entre ellos están los exalcaldes de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), y Orense, Francisco Rodríguez (PSOE); el regidor socialista de Lugo, José López Orozco; el teniente de alcalde de La Coruña, Julio Flores (PP); o el concejal del PSOE en ese mismo ayuntamiento, José Nogueira. También figura en el sumario judicial el expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, a quien la juez instructora atribuye haber aceptado dinero de la empresa Vendex.
Sobresueldos
En Cataluña se dan también procesos en los que figuran representantes de distintas fuerzas políticas. Además de en la 'operación Mercurio', el exregidor de Sabadell Manuel Bustos también se ha visto envuelto en los supuestos sobresueldos de 250 hasta los 2.000 euros que la Federación de Municipios de Catalunya habría entregado a 44 alcaldes cuando él ejercía de presidente. Hay implicados miembros de los principales partidos catalanes: PSC, PP, CiU, ERC e Iniciativa.
En la misma comunidad autónoma, el 'caso Pretoria' destapó una supuesta trama urbanística de la que formarían parte cargos convergentes y socialistas. El ex consejero de Hacienda en la época de Jordi Pujol, Macià Alavedra; Lluis Prenafeta, mano derecha del expresidente catalán; el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz; y exdiputado del PSC Luis García comparten causa.
Otro de los ejemplos destacados de la connivencia política es el 'caso Malaya'. El cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, captó para defender sus intereses en el Ayuntamiento de Marbella a miembros del GIL, el PSOE y el Partido Andalucista.
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