El país en el que solía vivir

Con el boom del petróleo, en la década de los 60 y 70, muchos españoles emigraron a aquel país. Un compañero del colegio se había quedado en España al cuidado de sus abuelos, mientras sus padres trabajaban en Venezuela. Una separación que me resultaba incomprensible. Así que un día decidí indagar sobre las razones de tal separación. La explicación que mi amigo me dio, en el patio del colegio, mediados los 80, fue contundente:

«Venezuela no es un país para vivir», me dijo.

No le entendí; si el país era bueno para sus padres, ¿por qué no iba a serlo para los hijos?

«Fíjate», continuó, «si Venezuela tendrá poco futuro, que la gente acaba de elegir como presidente a uno que, no es que se sospeche que haya robado; es que incluso le han procesado por corrupción. ¡Y le votan igual!».

Aquel día me di cuenta de la suerte que suponía el haber nacido en un país avanzado como España, donde, pensaba, era imposible que algo tan depravado pudiera ocurrir nunca.

La llegada de la crisis en 2008, despertó a este país de un profundo letargo, revelando que esta crisis vez era diferente. La economía política ha adoptado un papel preeminente intentando explicar porqué el impulso reformista suele acabar en el preámbulo de las leyes.

La comparación que plantea Luis Garicano, en El dilema de España, resulta inquietante: «No solo hay corrupción en España. Pero únicamente en países subdesarrollados o en vías de subdesarrollo los corruptos tienen una sensación de impunidad similar».

España, ¿un país en vías de subdesarrollo? Hasta ahora, categorizábamos a los países como subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados, dando a entender, implícitamente, un carácter unidireccional e irreversible del desarrollo. Por supuesto, el viaje inverso también se había recorrido, pero normalmente asociado a guerras, catástrofes y otros shocks equivalentes. La decadencia de Venezuela constituye un interesante caso de estudio, por la rapidez con la que este país ha pasado de disfrutar de un boom económico gracias al petróleo, a encontrarse en una situación que roza la de estado fallido.

España sigue, perteneciendo al grupo de países desarrollados, por renta per cápita (20.100 euros), esperanza de vida o por acceso a la educación. Las sombras aparecen no tanto en los valores absolutos como en las tendencias: la renta per cápita española ya no crece; sino que ha retrocedido hasta cifras de 2003, mientras la alemana continuaba su ascenso. La esperanza de vida se ha estancado. Los informes de PISA denotan, a través de sus pobres resultados, que el problema de nuestra educación es más cualitativo que cuantitativo.

Pero algunas cifras resultan si cabe más sorprendentes, especialmente si el lector está acostumbrado a moverse en parámetros europeos. Los plazos medios de pago que sufren las empresas españolas se salen de las estadísticas europeas, duplicando a Alemania y triplicando a Noruega.

Según el ranking elaborado por el World Economic Forum, la justicia española es tan independiente como la de Zambia, Irán o Italia. Y menos independiente que la de Gambia, Malawi o Pakistán. Nuestros gobernantes practican el nepotismo (enchufes y favoritismos varios), con tanto desparpajo como se hace en Tanzania, Armenia, Gabón o Camboya e incluso más que en Zambia, Cabo Verde o Lesoto. Tenemos tanta burocracia como en Irán o Angola. En transparencia estamos a la altura de Kenia, Costa de Marfil, Zimbabue y Egipto.

En protección de los derechos de propiedad, España está a la altura de Turquía o Zambia y por debajo de Marruecos, Botsuana o Namibia.

En despilfarro de fondos públicos estamos entre los líderes mundiales, ocupando el puesto 113 de un total de 148, junto con Zimbabue y Mozambique.

Pero la cifra que mejor representa hoy la problemática de nuestro país es la estadística de paro. El Banco Mundial nos situaba en 2012 en el puesto 170 en una lista de 174 países. Solamente existían, en todo el planeta, cuatro países con mayor desempleo que España: Lesoto, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Mauritania.

El entorno institucional y la educación constituyen factores determinantes del desarrollo a largo plazo de un país, más que la posesión de recursos naturales. La adecuación del mercado laboral a la realidad cambiante del siglo XXI es sin duda necesaria, pero sería una necedad pensar que solo con ello se pueda recuperar la senda de crecimiento con la intensidad que requiere la actual situación y revertir con ello el peligroso rumbo adoptado. Y si prefieren verlo egoístamente, la realidad que reflejan todas estas cifras constituye un material inflamable ante el que la inacción se torna auténtica temeridad. En Venezuela lo fue.