La abdicación se produce días antes de que el juez anuncie que sienta a la infanta en el banquillo

El caso Noos, sin duda, se había convertido en la mayor pesadilla de la Casa Real desde que estallara en noviembre de 2011.

La declaración de la duquesa de Palma el pasado 8 de febrero, en la que se parapetó en decenas de evasivas para no responder a las preguntas más espinosas del magistrado, no ha hecho más que reafirmar la intención de Castro de mantenerla como imputada. La mujer de Iñaki Urdangarin aparentemente fue una roca en la mayoría de sus contestaciones. Pero no en todas.

Cristina de Borbón, y ahí va a ser estar la clave para mantener su imputación, admitió, al menos en dos ocasiones, saber que Aizoon, la inmobiliaria fantasma del matrimonio que no tenía actividad alguna y sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros de dinero público, en realidad fue una sociedad que se creó para camuflar y tributar a un tipo menor el impuesto de sociedades el sueldo que su esposo recibía por el asesoramiento a firmas multinacionales, remuneración que tenía que haber declarado en su IRPF.

La hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía, a preguntas del juez, dijo que su marido creó «Aizoon para canalizar sus ingresos profesionales». O sea, para facturar a la compañía «los trabajos profesionales que él realizaba en esa época de asesoramiento, consultoría, eventos deportivos y actos de alto nivel científico deportivo, siempre de carácter deportivo».

Con estos mimbres, el magistrado está convencido de poder sostener una acusación contra Cristina de Borbón como cómplice o colaboradora necesaria en dos de los tres delitos fiscales que Anticorrupción y la Agencia Tributaria imputan a Urdangarin, los que cometió por su IRPF en 2007 y 2008. O lo que es lo mismo, considerar a la infanta elemento imprescindible en el engranaje que construyó su marido para defraudar a través de Aizoon.

Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros. El dinero que entraba en la empresa, siempre de acuerdo a la Agencia Tributaria, era en realidad el sueldo que Urdangarin recibía como consejero de las empresas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde. Y, sin embargo, Urdangarin, pero también su socia de Aizoon, según la tesis de Castro, endosaron esos ingresos a la inmobiliaria para pagar menos impuestos. Todo ello a sabiendas de que en realidad eran «servicios» que prestaba Urdangarin a empresa con «carácter personalísimo».

La idea de Castro de acusar a Cristina de Borbón como cómplice de los dos delitos fiscales de su esposo está «muy reflexionada», explican fuentes cercanas a la investigación. Imputarle como «cooperación necesaria» en los otros ilícitos a los que se enfrenta Urdangarin, malversación, prevaricación o fraude a la Administración, era una posibilidad que ya descartó la Audiencia Provincial de Palma en la primavera de 2013, cuando suspendió la primera declaración de Cristina de Borbón. Entonces, la Audiencia señaló a Castro la posibilidad de seguir investigando a la hija de los Reyes por delito fiscal o blanqueo. Sin embargo, el instructor es consciente de que en España es casi imposible imputar un ilícito fiscal sin que la Agencia Tributaria -en última instancia, la víctima de ese delito- o la Fiscalía acusen. Castro está dispuesto a que Anticorrupción o Hacienda le digan, basándose en sus criterios técnicos, dónde o no hay delito, pero lo que no está por aceptar es que le digan en su propio sumario quién o quiénes han coadyuvado en ese ilícito.

Largo camino

Aún así el camino hasta el banquillo es largo. A Castro, una vez terminados los interrogatorios de los testigos de Valencia y a expensas del nuevo interrogatorio de Francisco Camps, solo le falta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso sobre la posible imputación por blanqueo de Urdangarin y Diego Torres. Luego, probablemente después de Semana Santa, dictará el auto de transformación en procedimiento abreviado, contra el que cabrá tanto recurso de reforma ante el propio instructor o de apelación ante la Audiencia. En ese documento, el juez determinará quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que quiere incluir a la infanta, deben sentarse en el banquillo.

El auto de transformación va a ser recurrido, casi sin género de dudas, por varias partes personadas, empezando por la propia defensa de la infanta y siguiendo por la Fiscalía Anticorrupción, Así que, con toda probabilidad, será la Audiencia Provincial de Palma la que decida si Cristina de Borbón termina convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en el banquillo.