El Rey cede el testigo al Príncipe

Don Juan Carlos tiene 76 años -nació el 5 de enero de 1938- y, tras diversas dolencias e intervenciones quirúrgicas, hoy se encuentra -parece- plenamente recuperado, evidencia que, curiosamente, había desplazado en los últimos tiempos las especulaciones sobre su retirada. Recientemente, había reabierto su agenda exterior, y acaba de girar varias visitas a Oriente Próximo al frente de delegaciones comerciales españolas. También se manejaba la posibilidad de que decidiera desempeñar un papel activo en la resolución del problema catalán. Todo indicaba, en fin, que el monarca había recuperado la normalidad de su desempeño.

Por ello ha sorprendido aún más, si cabe, esta abdicación de quien, según sus más próximos e incondicionales partidarios, se suponía que pensaba que los reyes mueren como tales en la cama, y que esta es la tradición española en la materia. Por lo que, a falta de mejor explicación, los móviles de la retirada deben ser políticos.

Verdaderamente, España se enfrenta a una dramática ruptura, cuya evitación requiere un derroche de energías y de inteligencia, y es posible que el rejuvenecimiento y la actualización de la Corona que representa la puesta en marcha de la sucesión dinástica facilite la búsqueda de cauces de debate, de diálogo y de concordia. Don Felipe lleva mucho tiempo pulsando sobre el terreno la situación catalana. Y es posible que el joven futuro Rey sea capaz de desempeñar un papel mediador y lenitivo en este asunto que don Juan Carlos tendría dificultades en asumir.

En otro orden de ideas, la abdicación alivia al Rey cesante del desenlace del caso Urdangarin, que ahora recaerá sobre las espaldas del nuevo titular de la Institución. Quienes creíamos que era de justicia que don Juan Carlos sobrellevara el mal trago de la sentencia que haya de recaer, vemos con perplejidad que el relevo trunca esta expectativa. Además, se pensaba que el proceso de apertura de la Zarzuela a las nuevas exigencias de transparencia había de concluir completamente antes de que se produjera el hecho sucesorio. No ha sido así, y ahora don Felipe deberá terminar de abrir puertas y ventanas de una institución que todavía mantiene zonas opacas y cuya situación patrimonial se sospecha pero no se conoce.

No es éste el momento de hacer balances históricos todavía, pero es inevitable volver la vista atrás para repasar mentalmente en un suspiro la ejecutoria de quien recibió de manos del autócrata una dictadura y consiguió liderar un brillante proceso de cambio que nos ha traído hasta aquí. No cabe duda de que la institución monárquica, muy personalizada en su titular, ha sido un factor de estabilidad, un vector de formación de una imagen moderna de España y un agente diplomático insustituible en el contexto internacional. Sus errores postreros han comprometido este legado, pero pueden quedar minimizados si el proceso sucesorio desemboca, como todos deseamos, en una fecunda reconstrucción de los mimbres constitucionales de la Monarquía, vieja institución que perdurará mientras acredite ser económica, en el más amplio sentido, para los ciudadanos. Es decir, mientras preste servicio con generosidad, no genere conflictos y sea sostenible.

Don Felipe imprimirá a su función un sentido más profesional y por lo tanto menos emotivo y sentimental que el que iotorgó a su ejecutoria su ilustre predecesor. Tiene una evidente vocación de servicio, una preparación intensa y plenamente adecuada y un conocimiento profundo de la realidad sobre la que deberá actuar. Su suerte será la de todos nosotros, que en esta hora de zozobra esencial Cataluña está levantisca y airada- y de salida de una crisis que ha dejado postrada y exhausta a demasiada gente, necesitamos todos los apoyos disponibles para salir de esta encrucijada histórica y regresar a los carriles de la convivencia y la prosperidad.