Santamaría recuerda a los jueces que están «obligados» a aplicar las leyes

La vicepresidenta ha aprovechado para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que ha generado "problemas" desde su introducción en nuestro país. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.

La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española.

Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, ha precisado la portavoz del Gobierno. En este punto, ha reconocido que han surgido "dificultades" en el caso de aquellos barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que "en algunos casos" ni siquiera se dirigían a España. En estos casos, "no es que (los delitos) queden impunes", ha dicho, pues las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la justicia del país competente.

La limitación de la justicia universal fue introducida por el PP a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, una decisión que ya ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes y que viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión ha sido el juez Andreu, que calificó de "chapuza" esta reforma y quien censuró que se use la justicia como "moneda de cambio".

Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra esta reforma promovida por el PP, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo. Como ejemplo, el juez Santiago Pedraz ha rechazado el archivo de la muerte del periodista español José Couso en Irak y el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.