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Rosario González
Viernes, 16 de mayo 2014, 09:06
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que existen "bases legales" para responder a las injurias en las redes sociales y ha anunciado que el Gobierno analizará si es pertinente revisar las condenas a quienes cometan delitos a través de dichos medios. " ... La diferencia no es que se haga en uno otro medio. Esos comportamientos son ya delito. Ya están penados y se trata de aplicar la ley. Indudablemente los delitos de esta naturaleza son muy graves y merecen la condena", ha explicado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Foto de familia
El anuncio de Soraya se produce tras la detención de dos personas en las últimas horas, una de ellas en libertad aunque imputado por apología del asesinato en internet y otro detenido e imputado por justificar y colgar vídeos insultantes sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
La reunión del Gabinete ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y a ella han asistido todos los miembros del Gobierno. De hecho ha sido la primera vez que han coincidido todos los ministros en el Palacio de la Moncloa después del relevo de Miguel Arias Cañete por Isabel García Tejerina. Por ello, antes de la reunión, Rajoy y todos los miembros de su Gabinete han posado para los informadores gráficos en la foto de familia del nuevo Ejecutivo.
Recuperación del turismo
El Consejo de Ministros ha analizado igualmente un informe sobre la coyuntura turística en España que ha presentado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El ministro ha destacado los datos "positivos" de los principales indicadores turísticos en lo que va de año, después de que en el puente de mayo la ocupación hotelera superara el 75%, dato que corrobora la mejora con respecto al año anterior, y apunta a que 2014 podría convertirse en un nuevo ejercicio histórico para el sector turístico.
Así, el Gobierno prevé un incremento del 5% en la llegada de turistas extranjeros para el conjunto de 2014 respecto al año anterior, lo que supondría superar la barrera de los 60 millones de visitantes internacionales y el récord de turistas alcanzado en 2013.
Según el informe, España recibió más de 10 millones de turistas extranjeros el primer trimestre, lo que supone un 7,2% más respecto al mismo periodo de 2013 -cerca de 667.000 turistas adicionales- y un aumento del 8,1% del gasto turístico, un nuevo récord, con un gasto total de 10.066 millones de euros. Hasta febrero, últimos datos actualizados, el superávit del sector turístico repuntó un 8,8%, con 3.700 millones de euros, con unos ingresos que alcanzaron los 5.300 millones de euros, un 6% más que un año antes.
La cifra de ocupados vinculados al sector turístico aumentó un 3,1% en el primer trimestre, hasta superar los dos millones de trabajadores, 61.000 más, y la tasa de paro del sector se situó en el 18,9%, 2,2 puntos porcentuales menos, y 7 puntos por debajo del promedio de la economía nacional que se situó en el 25,9%.
Consejo Médico Forense
Además del informe sobre coyuntura turística, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales, un órgano que agrupa los distintos colegios de esta profesión sanitaria. Según la vicepresidenta, actualmente había distintos colegios profesionales en distintos ámbitos autonómicos, lo que "ha obligado a la creación de un consejo general".
Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense, un órgano consultivo de ámbito nacional cuya función principal será prestar asesoramiento y orientación científica en materia pericial tanto a administraciones y organismos públicos como a médicos forenses, y mejorar la calidad de la pericia que se presta a los tribunales. Según ha explicado Sáenz de Santamaría, se trataba de una "reivindicación histórica del sector", como ya se plasmó en el Libro Blanco de la Medicina Forense publicado por el Ministerio de Justicia en 1986. Entre sus funciones se incluye la coordinación de todos los institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como con otros organismos internacionales.
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