La jueza que investiga el contrato de Alonso pide documentación y llama a testificar al interventor

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Logroño, dentro de las diligencias previas abiertas por un presunto delito de malversación en el caso de la contratación irregular de la concejala de Ciudadanos, María Luisa Alonso, ha requerido la documentación relativa al contrato tanto al Ayuntamiento de la capital de La Rioja como al grupo municipal 'naranja' y tomará declaración como testigo al interventor de la Administración local el próximo mes de junio.

Del mismo modo, si tras las diligencias previas se aprecia la existencia del presunto delito, la jueza «oirá en declaración a los investigados María Luisa Alonso y Julián San Martín» -siguiendo con el proceso habitual-, si bien aún no se ha producido ni hay citación para ello según fuentes judiciales consultadas. La magistrada, que admitió a trámite la denuncia presentada por el exmiembro de la junta directiva regional de C's Enrique Echazarra contra la propia Alonso y el también concejal y portavoz de C's, Julián San Martín, de momento considera en un auto de 22 de febrero del 2017 que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación».

La denuncia de Echazarra -expulsado de la dirección regional de C's en el 2016 tras serle abierto un expediente y con un juicio civil fijado para este mayo contra el partido en el que solicita su reingreso- sostiene que Alonso y San Martín firmaron un contrato con cargo a los fondos del grupo municipal pese a ser informados de que no era legal.

La jueza, en la instrucción, ha requerido al Ayuntamiento de Logroño «copia de la normativa que fue entregada a los portavoces de cada grupo municipal en la que se hacía constar la prohibición de usar los fondos asignados para la contratación de personal» y que «se indique a qué persona concreta de C's se entregó dicha normativa». También pide los acuerdos de pleno correspondientes a las asignaciones a los grupos y justificante de las cantidades devueltas por C's por la «contratación indebida» -el partido lo achacó a un «error» que ya subsanó-.

A su vez, requiere al grupo municipal de C's que aporte el contrato laboral en sí y el justificante de los pagos de salarios a cargo de la asignación realizada, así como el alta en la Seguridad Social y los movimientos bancarios de todos los pagos realizados por el contrato. Una vez recopile toda la documentación -el Ayuntamiento, según confirmó ayer la concejala Mar San Martín, está en ello-, se tomará declaración como testigo al interventor del Ayuntamiento, encargado de la fiscalización de todos los gastos.