Los expropiados de Lope de Vega 34 irán a los tribunales por el derribo de su chalé

Las obras de las rotondas de Gustavo Adolfo Bécquer siguen su curso; las acciones judiciales de la familia Echavarría Macua contra el proyecto, también. Los propietarios expropiados del número 34 de Lope de Vega, una finca de recreo con casa, piscina y jardín afectada por los trabajos, irán a los tribunales después de que las máquinas accediesen a la finca y redujesen a escombros su chalé -«merendero, que no vivienda», según calificase en su día el propio Ayuntamiento de Logroño-.

El derribo, ejecutado el lunes por la adjudicataria de las obras sin previo aviso -según fuentes de la familia-, acabará en los juzgados al igual que los proyectos de expropiación y construcción, recurridos desde principios de año ante el contencioso-administrativo y actualmente en trámite -según fuentes judiciales-.

La familia Echavarría Macua, puesta en contacto con Diario LA RIOJA, informaba de que emprenderá las acciones legales correspondientes contra la Administración local al considerar vulnerados sus derechos e incluso llegar a hablar de «allanamiento de morada» pues el juzgado, únicamente, lo que no admitió fueron las medidas cautelares para la paralización del proyecto. «No había lugar a la entrada a la finca y, si ellos lo han interpretado así, nosotros queremos que sean los tribunales quienes decidan...», explicaba Alfonso Echavarría, portavoz de la misma.

«Una cosa es una expropiación para una construcción con la que puedes estar o no de acuerdo, y otra la mala leche.... Independientemente de lo primero, el derribo de tu casa sin avisar y sin darte opción a sacar tus cosas es más lo segundo», concluía en declaraciones a este periódico. «Esto acaba de empezar», sentenciaba en referencia a las futuras acciones legales. «Creemos que estamos ante un acto que tendrá incluso consecuencias penales», adelantaba.

Desde el Ayuntamiento de Logroño, por su parte, entienden que se ha actuado correctamente y según el criterio de los servicios técnicos y jurídicos. Así lo reiteraba ayer el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, quien considera que, en el mismo momento en el que concluyó el proceso de expropiación, «con la firma de las actas definitivas pese a no permitírsenos el acceso a las mismas», las fincas son propiedad municipal. Y es que a la parcela ya tomada se le uniría parte de la anexa, el número 36 perteneciente a la familia Casero Armas, que también impidió la entrada aunque, en este caso, la vivienda habitual no se verá afectada por las obras -al menos queda fuera de los terrenos expropiados como tal-.

Sáez Rojo insiste en que, tras solicitar la autorización judicial correspondiente para acceder a ambas, la Justicia se pronunció -de momento en el primero de los casos, aunque confían que en el segundo lo hagan en el mismo sentido- «viniendo a decir coloquialmente que para qué pedíamos permiso si los terrenos ya eran del Ayuntamiento».

«Desde la firma de las actas definitivas de expropiación somos propietarios, si bien en un exceso de garantía solicitamos autorización para el acceso», justifica el concejal, quien cree que todo esto hubiese sido perfectamente evitable si ambas familias hubiesen optado por aceptar el convenio de ocupación previo. «Los servicios jurídicos municipales irán dando respuesta a lo que se vaya planteando en el futuro con la certeza de que todo se ajusta a la legalidad, como siempre».

Alfonso Echavarría lo pone en duda, habla abiertamente de «irregularidades» -al entender que el Ayuntamiento actúa urbanísticamente en una zona sin delimitar ni definir en el PGM y, por tanto, fuera de ordenación- y, ahora, tratará de determinar quién ha dado la orden de derribo, «arrasando con todo», y en base a qué.

«A nuestra familia, sin ningún aviso previo ni apercibimiento como establece la ley, nos han destruido nuestra casa, la piscina y el jardín... con los muebles y enseres dentro sin tener siquiera la oportunidad de sacarlos», protesta. «Los tribunales decidirán si lo que han hecho es legal y, si no lo es, quien lo haya ordenado deberá asumir las consecuencias». Los Echavarría Macua están convencidos de que se ha cometido una «injusticia» y de que el Ayuntamiento lleva a cabo una política «de hechos consumados». «¿Qué pasará si un juez lo declara ilegal cuando ya esté hecho?», se pregunta.