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JAVIER CAMPOS
Jueves, 23 de octubre 2014, 00:08
Crónica de un litigio anunciado. Estacionamiento Gran Vía Logroño S. L., empresa concesionaria del parking de Gran Vía, ha presentado una demanda judicial solicitando la nulidad de la junta general extraordinaria que, celebrada el pasado 6 de mayo a instancias de la asociación de propietarios del aparcamiento, les servía para relegar al constructor José Martín nombrando nueva directiva, cambiando de administrador y rebajando las cuotas mensuales.
Finalmente, y tal y como ya habían reconocido en alguna ocasión una y otra parte, serán los tribunales los que decidan en el conflicto. El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Logroño deberá pronunciarse sobre la validez o no de la convocatoria en cuestión, rechazada en todo momento por la empresa al entender que la misma no se ajustaba a derecho.
«Quieren ganar en los tribunales lo que han perdido en la junta general», aseguraban a Diario LA RIOJA los demandados en cuestión, los cinco miembros de la nueva directiva de la comunidad de propietarios 'deslegitimados' por parte de José Martín a los que se sumaría el administrador nombrado entonces.
La asociación de propietarios del aparcamiento en cuestión que, tras más de dos años denunciando «cuotas excesivas» y «opacidad» en la gestión, conseguía reunir el apoyo necesario -más del 25% de cuotas de propiedad- para forzar una convocatoria que les permitiese hacerse con el control de la comunidad, lograba su objetivo el pasado 6 de mayo... aunque sin contar con el visto bueno de la empresa, que no reconocía la legalidad del proceso alegando defectos en las formas y en los tiempos. Desde entonces, Estacionamiento Gran Vía Logroño S. L. sigue entendiendo que el constructor sigue siendo presidente y la asociación, lógicamente, que no. Ambas partes reconocen que la situación es un tanto atípica, pues cada una de las dos no da legitimidad a la otra.
«La empresa se arroga el derecho de administrador perpetuo basándose en el pliego de condiciones firmado por el Ayuntamiento de Logroño y en los estatutos validados por éste, y que desde la asociación, que aglutina a 800 pequeños propietarios, entendemos ilegales», apuntan desde la misma. Y es que, a su juicio, los citados 'acuerdos' «van contra las normas de derecho público establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal» y señalan directamente a la Administración local, «que apostó por un sistema que no funciona dejando desprotegidos a los propietarios/cesionarios frente al empresario». «El Ayuntamiento es el verdadero culpable», concluyen.
Posibles manifestaciones
La asociación asegura que la alcaldesa no les ha querido recibir y ya estudian salir a la calle, «manifestándonos incluso en la Gran Vía si es necesario, al no estar dispuestos a dejarnos pisotear», espetan sus responsables, quienes entienden las actuales cuotas «como un robo en tiempos de crisis a 1.800 familias (tantas como plaza) al pagar como pagamos un verdadero dineral que no sólo va al mantenimiento, sino al resto de servicios del parking de rotación».
La junta directiva de la comunidad, que insiste en que la cuota que hay que pagar es de 17,42 euros y no de 28,12 como está girando Estacionamiento Gran Vía, denuncia que la demanda trata de acallar a la asociación, pero que no lo van a conseguir. «Mientras un juez no diga lo contrario la cuota es de 17,42 euros, tal y como se aprobó por mayoría». Desde la empresa se considera que, pese a su demanda inicial, el tema de fondo, «que son las cuotas», va a seguir sin abordarse. «La asociación rompió unilateralmente las negociaciones que teníamos abiertas para llegar a un acuerdo cuando había que buscar una salida razonada y razonable», explicaban ayer a este periódico fuentes de la concesionaria.
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