REPOSTAJE COOPERATIVO

Deacuerdo con la normativa vigente, las estaciones de servicio dependientes de cooperativas agrarias, además de proveer de combustible a sus cooperativistas, pueden permitir el repostaje de terceros hasta un 50% de la facturación. Su situación se enmarca dentro del colectivo de estaciones de servicio desatendidas. Operan en nuestro país alrededor de 1.900 gasolineras de estas características. Se trata de un formato que el sector primario ya utiliza desde hace décadas y que en la actualidad representa más de 900 estaciones vinculadas a cooperativas. Son un 8% de las 11.188 estaciones de servicio de España.

En el 2017 la Comisión Europea defendió a la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas contra las regulaciones regionales que frenaban el desarrollo de las gasolineras desatendidas, lo que está obligando a recular a las autonomías. Posteriormente se aprobó la instrucción técnica complementaria en relación a instalaciones para suministro a vehículos.

La preocupación del sector radica en el contenido de la guía técnica y de los requisitos exigidos. Por ejemplo, denuncian que se exigirá un tiempo máximo de repostaje de 3 minutos y 75 litros, y sistemas de seguridad de las instalaciones. Otros asuntos son especialmente sensibles para la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio. Por ejemplo, cómo se acredita que uno es consumidor final de gasóleo bonificado en una estación de servicio sin personal, o los beneficios fiscales de las cooperativas relacionados con su actividad principal, pero no con el suministro de carburante a terceros.

Al igual que en otros sectores, los modelos de negocio están cambiando, como consecuencia de una importante transformación social y del consiguiente reajuste en los patrones de consumo. Aparecen alternativas de bajo coste que se adaptan a las nuevas demandas sociales. Cada vez más, el consumidor busca un servicio básico de calidad suficiente, por el que paga un precio más bajo que el del modelo tradicional. No siempre está dispuesto a pagar un sobrecoste por servicios complementarios, que con mucha frecuencia no utilizan. Es necesario un marco regulatorio que permita la libre competencia y no impida la aparición de nuevos competidores.