La historia riojana agoniza

Si los castillos, palacios y casas señoriales pudieran contarían mil historias: cómo fue su laboriosa construcción, cuál fue su momento de esplendor cuando entre sus paredes bullía la vida noble, los cambios de inquilinos... y también el instante del adiós, del desuso... Si pudieran decir cómo están hoy, varios de estos elementos patrimoniales de La Rioja sollozarían, transmitirían su agonía ante los últimos suspiros de lo que un día fueron. Muchos de ellos están en manos privadas y en un preocupante deterioro. Con un reconocido valor histórico cultural y una conexión sentimental con la población local, se pueden formular preguntas clave: ¿qué hacer?; ¿quién debe velar por ellos?

Acotar el aspecto legal no es tarea fácil porque intervienen la Constitución, la Ley del Patrimonio Histórico Español (LPHE), la Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja... «En la conservación de los inmuebles protegidos de propiedad privada surgen obligaciones para los propietarios particulares, y para las administraciones local, autonómica y estatal, lo que tiene especial importancia en el caso de la existencia de una responsabilidad por daños causados por la falta de conservación, momento en el que el tribunal tendría que valorar la responsabilidad de cada uno», explica Carlos González Zorzano, profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja, doctor y abogado en ejercicio.

Así, los propietarios tienen la obligación de mantener sus inmuebles, pero también los poderes públicos deben garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico «cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad». Llega aquí otra de las encrucijadas del tema, ya que la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), como precisa González Zorzano, establece que «los Ayuntamientos cooperarán en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción».

En la Ley de La Rioja, se determina que «tanto la entidad local donde radique y la Consejería del Gobierno de La Rioja competente de Cultura están legitimados para adoptar y ejecutar medidas oportunas que garanticen el cumplimiento efectivo del deber legal de conservar. Sin perjuicio de ejercer medidas de ejecución forzosa», añade el experto. Esto en la práctica podría traducirse en «ordenar su ejecución subsidiaria; también podrá conceder una ayuda con carácter reintegrable; o realizar la administración competente las obras directamente si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes», según la LPHE.

Visto todo ello, el profesor asociado de Derecho Civil de la UR aboga por «buscar el equilibrio, porque el propietario también es depositario de un bien que le conlleva muchas obligaciones y limitaciones, pero es depositario para el beneficio de todos. La administración tiene sus obligaciones, pero hay que ser realista, los recursos no son ilimitados y no se llega». Por eso, plantea «estudiar favorecer la posibilidad legal de la contribución privada para la protección de este patrimonio, con los beneficios fiscales adecuados, por ejemplo».

En las circunstancias descritas se encuentran diversos inmuebles en La Rioja. Aquí se analizan cuatro de los más significativos: el castillo de Davalillo, en San Asensio; el Palacio de los Condestables de Castilla, en Casalarreina; la Casa Palacio de los Manso de Zúñiga, en Cidamón; y el Palacio de Inestrillas, en Inestrillas (Aguilar del río Alhama).

Hace unos días Davalillo era noticia por haber sido vallado su entorno para evitar problemas. «La situación del inmueble es mala. Estamos intentando que los propietarios se hagan cargo de, al menos, la consolidación del castillo», apunta Juan Francisco Blanco, alcalde de San Asensio, que admite haber hablado con alguno de los herederos (del marqués de Riscal, la propiedad) pero «todavía no hay nada». «Prefiero ser prudente, aunque tenemos esperanza en que Davalillo siga en pie».

Blanco reconoce que «legalmente hay herramientas para actuar, pero con condicionantes; se puede abrir expedientes, ejecutar la obra de forma subsidiaria, pero ciertas cosas para un ayuntamiento pequeño son muy complicadas económicamente». Ese parece el quid de todos los casos, la incapacidad presupuestaria de los municipios para asumir determinadas decisiones, como las obras, incluso si son subsidiarias y posteriormente se cargan a la propiedad, o la posibilidad de apertura de procesos judiciales, o incluso la expropiación.

En similares circunstancias se expresa Ramón Martínez, alcalde de Aguilar del río Alhama al que pertenece la pedanía de Inestrillas donde se ubica el Palacio homónimo. «Desde el Ayuntamiento estuvimos hace bastantes años hablando con la propiedad, que es de diez personas, mirando si nos lo vendían para tratar de ayudar a que no se destruyera; pero no pude poner de acuerdo a los propietarios y ni lo vendieron ni cedieron... Y ahora se está deteriorando bastante», explica el primer edil. «En estos momentos arreglar lo que se ha caído; ojalá, porque era increíble el Palacio», apunta.

Aunque la actuación en el palacio está descartada, al ser de propiedad privada y «tampoco podemos hacerlo de forma subsidiaria porque no tenemos ni personal ni medios», dice el alcalde, sí se va a hacer, a través de la asociación La Rioja Suroriental, un plan director para intervenir en el entorno del palacio, en el farallón rocoso.

Otro ejemplo de patrimonio privado en estado preocupante es el Palacio de los Condestables de Castilla, en Casalarreina. En manos de empresarios guipuzcoanos (Construcciones Lantegui), que pretendían hacer un hotel en él, en 2008 vio como una parte se venía abajo. Entonces, tras la presión administrativa local y regional, la propiedad terminó por consolidar algunas de las fachadas y hacer un apuntalamiento.

Hoy siguen los litigios entre Ayuntamiento y la empresa propietaria: «Llevamos meses con requerimientos periódicos para que cumplan con la obligación de conservación, que abarca desde la reconstrucción de la fachada del edificio, su cubierta, los forjados interiores hasta la consolidación estructural», explica el alcalde, Félix Caperos.

Ante la falta de acciones el Consistorio ha dado un paso más: «A mediados de marzo se les ha incoado un expediente para la imposición de multas hasta el cumplimiento en las órdenes de ejecución solicitadas en tres ocasiones en 2017». «Vamos muy en serio -continúa-, nos han presentado proyectos, pero no los llevan a cabo, y para Casalarreina este Palacio es importante, es una herida», concluye.

La Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, donde se incluye el Servicio de Patrimonio, es parte activa también en estas cuestiones. Su responsable, Eduardo Rodríguez, reconoce que están pendientes, lo tienen inventariado y se hacen visitas periódicas, pero «cuando se trata de bienes privados el procedimiento es instar a la propiedad a que actúe; si no actúa ella, lo que hay que generar es una orden de ejecución por parte del Ayuntamiento, el competente más cercano, y si esto no funciona, ver opciones como la obra subsidiaria, la vía judicial, negociar quedarse con el inmueble estudiando darle un uso...».

En el caso de Davalillo, Rodríguez admite que desde el Gobierno se ha instado al Ayuntamiento de San Asensio a que lleve a cabo una orden de ejecución a los propietarios, para que «se mantenga un castillo maravilloso». «Hay que ser conscientes de que tenemos un patrimonio tan amplio que mantenerlo bien cuando no tienen un uso es muy costoso», indica.

Pese a todo, en caso de urgencia o riesgo, «el Gobierno podría actuar 'con el cueste lo que cueste', pero la propiedad suele evitarlo porque les acaba suponiendo más inversión», aclara Rodríguez.