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EFE
Lunes, 8 de mayo 2017, 13:40
El que fuera director de la Fundación Rioja Salud, José María Corcuera, ha defendido la legalidad de la concesión del aparcamiento del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) cuya baja ocupación, menos del 4 por ciento de sus plazas, era imposible prever, ha ... dicho.
Corcuera ha hecho esta manifestaciones en el Parlamento regional, en la comisión de investigación sobre los contratos de adjudicación de la gestión de los aparcamientos del hospital San Pedro de Logroño, entre ellos el del CIBIR, donde ha respondido a las de los grupos políticos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).
Ha iniciado su comparecencia recordando que un estudio del Banco Santander sugería que el aparcamiento podría tener una ocupación de entre el 59 y el 97 por ciento de las plazas; se adjudicó -cobrando a la concesionaria un canon de 9,4 millones de euros- con una previsión del 26 % de ocupación; y se renegoció un periodo transitorio de aplicación, hasta 2018, con el 22 %.
En ningún caso, ha dicho Corcuera, la administración tuvo "una bola mágica para ver que esas previsiones no se iban a cumplir" porque "si se hubiese sabido, si hubiésemos tenido cualquier índice de duda, no se habrían hecho los contratos así, simplemente por responsabilidad", ha admitido y ha subrayado que el objetivo en todo momento fue "lograr financiación" a través del cobro del canon.
Según su relato, el Ejecutivo regional encargó en 2006 un estudio de viabilidad de la gestión indirecta de algunas plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital San Pedro.
El análisis lo realizó el Banco Santander, que, según diferentes parámetros concluyó que "era viable externalizar 602 plazas de aparcamiento, que tendrían, en el mejor de los casos, un 97 por ciento de ocupación".
En esos parámetros proponían al Ejecutivo cobrar un canon por la concesión de 40 millones de euros; pero con una visión "menos optimista", de ocupación del 59 %, recomendaba un canon de 19 millones.
En un primer momento 46 empresas pidieron las bases del concurso y ninguna se presentó finalmente a él, lo que supone que "los parámetros Banco Santander estaban fuera de la realidad del mercado en 2008".
Por eso se realizó un segundo concurso con una ocupación establecida en el 26 % y un canon de 8 millones más IVA (9,4 millones), por 40 años de concesión; se interesaron por el pliego 30 empresas y ninguna concursó.
Así, ha relatado, "o se desistía de la financiación, o se rebajaba el canon, o se iba a un proceso negociado" que es lo que se hizo y se invitó a tres empresas de las que dos desistieron.
La que finalmente fue adjudicataria aceptó pagar el canon, que incluso mejoraría si tenía más del 22 % de ocupación.
"Las primeras auditorías ya revelaron pérdidas importantes, por lo que hubo que compensar a la empresa con 2,5 millones de euros", ha detallado Corcuera, que ha explicado que hasta el momento el Gobierno regional ha abonado casi 4 millones para "restablecer el equilibrio económico del contrato".
"Si hubiera tenido una bola de cristal para ver lo que iba a pasar no habría firmado este contrato", ha insistido y ha subrayado que si
En la negociación del cambio "transitorio" del acuerdo fue cuando se estableció cerrar parte de las otras plazas y hacerlas de pago "pero no para nadie que vaya por un motivo sanitario al Hospital" porque "no hacerlo y rescindir el contrato en ese momento hubiera supuesto 15 millones de euros.
Sin embargo, ha relatado, si esa rescisión se produce en abril de 2018, cuando acaba ese periodo transitorio, el coste será "básicamente" devolver a la empresa el canon cobrado, aunque restando lo que ya se ha aportado (4 millones) y otras cantidades "aunque solo tenemos orientaciones, no hay una cantidad tasada", ha admitido, aunque cree que "en el peor de los casos será menos de nueve millones" si hay un acuerdo con la empresa.
La portavoz del Grupo Socialista, Nuria del Río, ha llamado la atención respecto a que ninguna empresa del sector de los estacionamientos se interesó por este, cuya concesión "se dio a una entidad ajena, sin experiencia".
Ha subrayado que para hacer esa concesión "se cambiaron las condiciones iniciales" y se estableció "una condición nefasta, el que la ocupación sería del 22 % cuando no llega al 4 %".
La portavoz del Grupo Popular, Concepción Arruga, ha lamentado que "muchas concesiones no han salido como se preveía" y cree "razonable" el que "los técnicos creyeran en los datos que aportaba el informe del Banco Santander" y "en cuanto se vio que lo firmado no respondía a la realidad, se reaccionó rápidamente".
Además ha incidido en que "el peor de los escenarios es devolver el dinero que se ha recibido" y que "de no tenerlo, hubiese sido necesario pedir un préstamo".
Germán Cantabrana, de Podemos, ha subrayado que "esta es una concesión lesiva para la administración y la ciudadanía al que se le han buscado soluciones porque algo fallaba" y ha acusado al Ejecutivo riojano de "no prever que la captación de fondos mediante un canon era pan para hoy y hambre para mañana".
Tomás Martínez Flaño, de Ciudadanos, ha acusado a la administración de aceptar un informe, el del Banco Santander "que no ha acertado en nada" y de alterar el proceso "introduciendo una compensación económica a la empresa que no estaba antes, cuando hasta 76 entidades desistieron de presentarse" y "eso no es serio".
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