De la Caja Mágica, a Riojafórum

La ponencia de estatutos ha corrido a cargo, en el caso riojano, de cuatro altos dirigentes. Como ocurrió en el caso de la otra ponencia que se debatirá, la política, tanto Ceniceros como Gamarra situaron a dos personas de su extrema confianza en ese equipo encargado de un documento muy sensible para la vida interna del partido. La alcaldesa de Logroño colocó al alcalde de Lardero, Toño Elguea, y a la senadora Mariate Antoñanzas entre los autores del texto, cometido que se han repartido con dos incondicionales del presidente del Gobierno: su consejera María Martín y la presidenta del Parlamento regional, Ana Lourdes González.

En declaraciones a Diario LA RIOJA, Antoñanzas defiende que su propuesta, sometida durante esta última semana al parecer de los militantes, ha sido alumbrada para «enriquecer» el debate. «Hemos planteado», explica, «un modelo de partido más exigente con sus cargos públicos. Más transparente y participativo».

Argumentos que la ponencia canaliza a través de algunas medidas que clonan las implantadas por Génova: por ejemplo, el anuncio de que el PP riojano se dotará de un nuevo instrumento, llamado Oficina de Atención al Ciudadano, planteado como «un instrumento permanente de recepción, atención y seguimiento de las sugerencias, propuestas o quejas de los ciudadanos». Según puede leerse en el documento, alojado en la web del partido, «este servicio está compuesto por la totalidad de las sedes y será atendido por responsables políticos con el apoyo del personal de la sede».

Para María Martín, quien confirma como Antoñanzas que el texto elaborado por la ponencia replica las disposiciones emanadas de la Caja Mágica, con la particularidad de que «no se puede contradecir desde La Rioja la normativa nacional», resulta de cierta novedad la creación de una figura llamada 'Defensor del Afiliado', que nace para servir «como cauce de comunicación entre los afiliados y los órganos de gobierno y dirección del partido, al cual los afiliados pueden dirigirse para plantear sus opiniones, reclamaciones y sugerencias», según la ponencia.

Conforme a lo dispuesto en la ponencia, «el 'Defensor del Afiliado' será nombrado por el Comité Ejecutivo Regional de entre los miembros del Comité Regional de Derechos y Garantías». Ni en alusión a incompatibilidades de altos cargos ni en lo relativo a los órganos de dirección se recogen, por el contrario, nuevas aportaciones, pendientes de saber si se incorpora alguna de las 14 enmiendas planteadas por tres afiliados.