Aparcamientos Cibir presionó al Gobierno para cerrar el parking Oeste 1

Los responsables de la empresa Aparcamientos Cibir presionaron al Gobierno de La Rioja para que cerrase el parking Oeste 1 del hospital San Pedro. Como adelantó ayer la Cadena SER, en mayo del pasado año 2016 Aparcamientos Cibir envió una carta (a la que también ha tenido acceso Diario LA RIOJA) a la Fundación Rioja Salud en la que se advierte del «incumplimiento sustancial de las obligaciones asumidas en el contrato del 19 de septiembre de 2013 y que, como tal, es causa de resolución del mismo».

En caso de resolución del contrato, «corresponde aplicar los mecanismos previstos para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato», esto es, la aplicación de «la medida de compensación económica consistente en el pago de la diferencia entre el beneficio real antes de impuestos y el previsto en el modelo». La FeSP-UGT emitió ayer un comunicado en el que declaraba que la revelación de esta carta «respalda» los motivos por los que ha acudido a la Fiscalía «para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación del aparcamiento».

Por tanto, FeSP-UGT considera que «el Gobierno de La Rioja debe explicar claramente los términos del contrato y las razones por las que resulta más adecuado para los riojanos mantener un contrato de estas características a pesar del grave quebranto económico que genera en las arcas públicas». El caso es que la compensación económica, tal y como recuerdan los responsables de Aparcamientos Cibir (la carta está firmada por José Luis Ortega Gómez y Hugo Hernaiz López), que correspondería a 31 de diciembre de 2015 asciende a 6.730.546,04 euros, descontando el pago de 642.499,28 euros realizado en marzo del 2016.

Así, Aparcamientos Cibir exigía el pago de 6.088.046,75 euros «más los intereses moratorios, cuyo pago urgimos a la mayor brevedad, con la advertencia de que, caso de que no sea atendido, lamentándolo, nos veremos obligados a iniciar las acciones oportunas en defensa de nuestros intereses». Este pudo ser el motivo por el Gobierno de La Rioja anunció dos meses después, en julio del 2016, el cerramiento y control de acceso de parking Oeste 1.

Desde el Ejecutivo regional no se quiso hacer declaraciones ayer a este respecto, pero sí facilitó el documento recordando que se había hablado del mismo en el Parlamento de La Rioja y se había puesto en conocimiento a partidos políticos y sindicatos, además de ser la última carta recibida de parte de Aparcamientos Cibir. Diario LA RIOJA ha intentado de nuevo contactar con los responsables de dicha empresa y, una vez más, no ha sido posible.

UGT lo lleva a la Fiscalía

FeSP UGT pondrá a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Cuentas las nuevas informaciones, publicadas por la SER y Diario LA RIOJA "en torno al contrato privado entre Aparcamientos CIBIR y el Gobierno de La Rioja, para que se adjunten a la denuncia presentada por este sindicato para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación del aparcamiento", ha señalado en sindicato en un comunicado enviado este miércoles.

Estas informaciones "vendrían a reforzar las denuncias realizadas por FeSP-UGT demostrando, además, que la empresa habría presionado de manera directa al Gobierno de La Rioja hasta conseguir, finalmente, el cerramiento del parking Oeste 1".

"El pago exigido en la carta de 6 millones sumado a los 3,5 millones ya liquidados, supone que el Gobierno tendrá que pagar por ese contrato 9,5 millones". Esta razón económica debiera llevar al Gobierno a rescindir este contrato y retrotraer los impedimentos que dificultan el uso del aparcamiento Oeste 1 para aparcar libre y gratuitamente.

FeSP UGT "desmiente que el Gobierno pusiera en su conocimiento información alguna sobre la carta desvelada por la SER y La Rioja". De haber sido así "esta relevante información la hubiéramos incluido en el informe que el pasado lunes 6 remitimos a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas del Estado, hecho que se producirá de forma inmediata".

Después de los términos de esta carta, la consejera de Salud "debe ofrecer toda la información, aplicar a este proceso la transparencia a que la Ley le obliga y por supuesto comparecer en el Parlamento Regional".

No es posible que la Comisión de Investigación Parlamentaria constituida, "continúe a día de hoy sin actuar para aportar más claridad y exigiendo responsabilidades en el caso de que así lo considere".