El Tribunal de Cuentas evidencia el «deterioro financiero» del SERIS

El análisis del gasto sanitario de La Rioja por parte del Tribunal de Cuentas evidencia, textualmente, «el deterioro patrimonial y financiero» del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Así lo pone de manifiesto el órgano fiscalizador en su informe anual de la Comunidad Autónoma correspondiente al 2014, de reciente publicación y adelantado por Diario LA RIOJA.

El documento habla de la «delicada situación» tanto de la Fundación Hospital de Calahorra como de Rioja Salud, que durante el 2014 reflejaron unas pérdidas de 4,1 millones de euros, «continuando con la tendencia de los últimos ejercicios», lo que arrojaba un déficit acumulado a 31 de diciembre del 2014 de 31,7 millones de euros. Fruto de la misma, y según el citado Tribunal, el Gobierno de La Rioja puso en marcha actuaciones de apoyo económico a ambas fundaciones.

La fiscalización de las cuentas, que se ocupa de todos y cada uno de los aspectos del gasto, destaca que la aplicación de distintas medidas ha supuesto que la factura de la receta farmacéutica haya pasado de 73 a 67 millones en el 2014, lo que representa una reducción del 8,2%.

Llegados a la prestación de servicios con medios ajenos, mediante conciertos con entidades privadas, el informe refleja «un ligero descenso en el 2014», siendo la asistencia especializada el principal componente de la sanidad concertada -67%-. Y en cuanto a los procesos de derivación de pacientes, en el 2014 sin instrucciones, normas internas o manuales de procedimiento al respecto, «íntimamente relacionada con la situación de las listas de espera», el informe sentencia que, en términos comparativos, «la situación de la Comunidad Autónoma es significativamente mejor que la que se desprende del conjunto del Sistema Nacional de Salud».

El Tribunal sigue considerando en su informe la necesidad de publicación de las listas de espera sanitarias riojanas, algo que ya se hace desde el pasado diciembre siguiendo sus recomendaciones. Y, de la misma manera, están en marcha mayores medidas de control, fiscalización y transparencia como el establecimiento del «coste efectivo» de cada prestación sanitaria.