C's exigirá la dimisión de los ediles del PP que apoyaron el PGM si prosperan las imputaciones

La coyuntura pone el foco especialmente en el acuerdo de investidura y por la gobernabilidad de La Rioja suscrito en junio del 2015 entre C's y el PP. Un pacto también a nivel nacional en cuyo punto 3 del apartado referido a transparencia y regeneración democrática se explicita el compromiso para separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a cualquier persona que resulte imputada en un caso de corrupción política.

¿Está en riesgo la continuidad del acuerdo? El portavoz parlamentario del partido naranja reaccionó a la información publicada un día antes por Diario LA RIOJA con una mezcla de firmeza y prudencia. «No se va a mover una sola coma del texto», anticipó Diego Ubis para recordar a renglón seguido que el auto aún está pendiente de resolver el recurso de reforma presentado por Santolaya y que, de no ser aceptado, aún podría ser recurrido en apelación ante la Audiencia . «Debemos esperar acontecimientos y ver cuál es finalmente el recorrido jurídico», apostilló Ubis quien, en cualquier caso, adelantó el cumplimiento «estricto» de lo consensuado con los populares en caso de que la decisión de la juez se confirme. Es decir: la dimisión de los concejales del PP que dieron el sí al Plan General en la anterior legislatura y aún siguen en el cargo. Cuatro de los siete que la magistrada pide citar en calidad de investigados y entre los que se encuentra Rubén Gutiérrez, que entonces ejercía como concejal y ocupó la Alcaldía tras la renuncia de Tomás Santolaya en octubre del 2015 después de más de dos décadas en el cargo.

Gutiérrez se mostró plenamente confiado en que ni su figura ni las de sus compañeros se verá empañado por un auto que califica de «descabellado». «Es una locura plantear que el PGM se hizo de forma discordante con las exigencias técnicas y jurídicas y no existe ningún informe desfavorable», sostiene al tiempo que recuerda que el documento no fue improvisado, sino que requirió un trabajo previo de prácticamente seis años. «Se cumplieron todos los plazos de exposición pública y no fue recurrido por nadie», dice para opinar que el revuelo suscitado «tiene un afán político» y el acuerdo que mantiene con C's también en aquella localidad sigue indemne. «Ni he recibido el auto ni figuro aún como investigado», interpreta.

Otros de los responsables directos del Ayuntamiento en la anterior legislatura comparten una tesis similar. Para el antiguo alcalde, el documento que vino a legalizar las construcciones del 'Sector Diseminado 1,2,3,4 y 5' no sólo «contó con todas las bendiciones» de la Ley, sino que la Comisión de Ordenación Urbana del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) -cuyos integrantes la ponente sospecha que también pudieron incurrir en un delito de prevaricación- sancionó asimismo luego favorablemente el Plan General. «Sólo se quiere enredar políticamente», infiere Tomás Santolaya, apoyando sus dudas en el hecho de que el auto se haya filtrado antes de conocer el resultado del recurso presentado por su abogado. El exprimer edil niega que la aprobación del texto obedeciera a un afán por favorecer el interés personal del expresidente de La Rioja. «Hay cinco sectores dispersos y más de 200 propietarios», aclara.

El exconcejal de Urbanismo en el 2013 por parte del PR+ y que fue expulsado por su partido por votar a favor del PGM, sostiene igualmente que su decisión se ciñó a criterios técnicos y nadie impugnó el plan tras su aprobación. «Nos basamos en los informes de la secretaría, intervención y los arquitectos», defiende Antonio García para recordar que también la COTUR se mostró después favorable al acuerdo. «No creo que todos esos profesionales se equivocaran». Entiende que su condición de edil de Urbanismo no le dota de una responsabilidad extra -«yo sólo era un concejal más»- y recalca que era «obligadísimo» confeccionar el plan una vez que ya no cabía trabajar con normas subsidiarias. «El documento se hizo a lo largo de años recogiendo las peticiones mayoritarias de los vecinos y las necesidades de la localidad», apostilla sin dar relevancia al diferente criterio que mantuvieron otros grupos de la oposición en el pleno. «Siempre, por sistema, votaban en contra o se abstenían», refiere.

Silencio de Sanz y del PP

Pedro Sanz y el PP declinaron ayer valorar el auto. Quienes sí se pronunciaron y de forma muy crítica a los implicados por la juez fueron el resto de los partidos. Por parte del PSOE, su secretario general en La Rioja y exnúmero 2 nacional, César Luena, exigió al ahora vicepresidente primero del Senado «dar explicaciones ya, sin esperar a ser llamado por el juzgado». «Es un día triste porque, gracias a las fechorías de Sanz y la complicidad de su partido, que le ayudó a legalizar su chalé, La Rioja está siendo una mala noticia a nivel nacional porque se está hablando de corrupción».

El líder de Podemos, Francisco Javier Garrido, inscribió el caso como «un ejemplo de las prácticas caciquiles aplicadas en La Rioja desde hace años», instando a C's a posicionarse en vez de seguir actuando como «muleta» del PP. El presidente del PR+, Fernando Gómez, recuerda en una nota que su partido actuó de manera contundente al expulsar a García «por tránsfuga» y reclama que se investigue «hasta las últimas consecuencias» el chalé de Pedro Sanz.