El juez reclama una fianza de 639.054 euros para posibles indemnizaciones

Respecto a los motivos que le llevan a sostener su imputación, el juez señala, por un lado, «la declaración del investigado, Alejandro Ruiz Vidal, quien en sede judicial y tras ratificar casi en su totalidad su declaración policial, ha reconocido los hechos». También apunta que se justifica esa presunta autoría en las declaraciones de las víctimas y los testigos, «en los reconocimientos, tanto fotográficos como en rueda, del investigado por parte de algunas víctimas y testigos» y por los informes médicos que relatan las lesiones que sufrieron las víctimas. Según el auto judicial, cuatro de las cinco víctimas sufrieron heridas que podrían haber tenido consecuencias vitales.

Por otro lado, el auto también aborda las pruebas psicológicas de Ruiz Vidal para justificar que sus posibles afecciones no son suficientemente graves como para declarar el sobreseimiento de los hechos.

Recuerda el auto que «el investigado presenta un trastorno antisocial de la personalidad que se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás». Según los dictámenes valorados por el juez de instrucción, Ruiz Vidal «se muestra como una persona con un sentido elevado de si mismo, con una marcada ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa impulsiva, manteniendo sus capacidades volitivas e intelectivas conservadas». Además, completa el auto, «el dictamen de los médicos forenses determina que no presenta síntomas de patología psiquiátrica que supongan una limitación de sus capacidades intelectivas y volitivas», es decir que «conoce perfectamente el valor legal de los hechos realizados y sus repercusiones».

En cuanto a las indemnizaciones, la más cuantiosa es la reclamada por Aurang Zeb, el último de los apuñalados, que pide 403.705,39 euros. El resto de víctimas -incluido el hijo, menor de edad, de una de ellas que vio cómo apuñalaban a su madre- solicitan cantidades que oscilan entre los 4.285,28 y los 39.837,57 euros para un total de 479.290,89. A esta cantidad el juez suma otros 159.763,63 euros para, en caso de sentencia condenatoria, hacer frente al pago de las costas y de los intereses.