En el nombre de La Rioja

«Ya somos La Rioja». Con esta expresión tan rotunda, y a la vez preñada de alegría y entusiasmo, saludaba nuestro periódico la aprobación del cambio de nombre de la provincia de Logroño por el de La Rioja. La votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 12 de septiembre de 1980, no dejaba lugar a dudas: 256 votos a favor y 4 en contra. Dos meses después, el 15 de noviembre, era sancionada y promulgada la Ley 57/1980, que días más tarde pondría negro sobre blanco el Boletín Oficial del Estado. Se cumplía así una aspiración que nació al mismo tiempo que la provincia, en 1822, pero que siglo y medio más tarde iba indefectiblemente de la mano de una reivindicación de mucho mayor calado: la autonomía de La Rioja. Hagamos un poco de historia.

Siendo presidente del Congreso el obispo riojano Pedro González Vallejo (Soto en Cameros, 1770), los diputados reunidos en Madrid alcanzaron en octubre de 1821 -en pleno Trienio Constitucional- el acuerdo de dividir España en 52 circunscripciones, lo que definitivamente se hizo realidad el 27 de enero de 1822, fecha oficial del nacimiento de la provincia. Sin embargo, durante el ardiente e intrincado debate parlamentario, llegó el momento de poner nombre a cada uno de los distritos. Los riojanos lo tenían claro.

Pero ocurrió en el Pleno de las Cortes que, al comenzar el bautizo de cada circunscripción, la primera provincia por orden alfabético era la de Aragón, que así se denominaría el actual territorio de Zaragoza. De inmediato, los diputados por Huesca y Teruel pusieron el grito en el cielo: «¿Es que nosotros no somos también Aragón?». Y así, tras un agrio rifirrafe y para evitar más polémicas de esa índole, se acordó que todas las provincias llevarían el nombre de su capital, a excepción del Principado de Asturias y el Reino de Navarra. La Rioja se quedó en Logroño y así seguiría durante décadas y décadas y décadas.

Región vasco-navarro-riojana

Hubo de transcurrir más de un siglo hasta que Diego Ochagavía, entonces secretario de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Logroño y con posterioridad 'alma mater' del Instituto de Estudios Riojanos (IER), reclamó en 1929 -en los estertores de la dictadura de Primo de Rivera- el cambio de nombre de la provincia. A la iniciativa se sumó la mayor parte de las fuerzas vivas de La Rioja, incluidos la Diputación y los ayuntamientos más importantes. La propuesta no llegó cuajar tras el abrupto fin de la denominada 'dictablanda' de Primo de Rivera.

Recobró impulso tan justa reivindicación nada más proclamarse la II República de la mano del partido católico Acción Riojana, integrado en la CEDA, encabezada la iniciativa por el diputado Ángel Gil Albarellos. El debate sobre el cambio de nombre pronto quedó distorsionado por el proceso autonómico abierto en toda España en el que, sobre todo los círculos económicos locales, planteaban una región vasco-navarro-riojana que no llegó a cuajar.

Tras la Guerra Civil y la interminable travesía del franquismo, en el verano de 1976 el periódico Nueva Rioja -que retomaría su nombre original de Diario LA RIOJA en 1981- lanzó una encuesta bajo la siguiente pregunta: «Se debe cambiar el nombre de la provincia. ¿Logroño o Rioja?». El rotativo se convertía así en altavoz de la inquietud de muchos de sus lectores, que se expresaban a través de la sección 'Cartas al director', así como en dinamizador de una demanda asumida por la mayor parte de la ciudadanía. No resultó extraño, pues, que las respuestas a favor de permutar La Rioja por Logroño fueron mayoritarias.

La pelota quedaba ahora en el alero de los políticos de la Transición.

Julio Luis Fernández Sevilla

A lo largo del primer semestre de 1977, con las primeras elecciones democráticas en el horizonte del 15 de junio, la Diputación Provincial inició los trámites burocráticos para solicitar el cambio del nombre, y lo hizo a través de un expediente sustentado en un informe histórico del IER. El aliento que entidades como el Colectivo Riojano y Amigos de La Rioja insuflaron al proceso fue determinante en un tiempo en el que se avanzaba sin saber muy bien dónde estaba la meta.

Así lo explicaba Pilar Salarrullana: «La Diputación Provincial, todavía franquista, presidida por Julio Luis Fernández Sevilla, se hizo eco de los deseos del pueblo, se anticipó a todos y presentó una moción exigiendo el cambio de nombre. Los partidos extraparlamentarios se unieron a la petición y nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, aun sabiendo las dificultades con las que se iban a tropezar no sólo por parte del Gobierno sino dentro de sus propios partidos, se pusieron al frente».

La moción que citaba Salarrullana, con fecha 22 de julio y elevada a los Ministerios del Interior y de las Regiones, argumentaba que «La Rioja no puede quedar al margen de este movimiento de descentralización y se prepara ya, junto con los nuevos parlamentarios, a la búsqueda, al estudio y a las fórmulas que más convengan a todos los riojanos, de acuerdo con su verdadera personalidad. Pero hay algo que dificulta, aunque sea sólo terminológicamente, dicha búsqueda. Y es el propio nombre dado administrativamente a la provincia de Logroño».

Pintadas con espray

Pero la presión popular no cejaba en su empeño identitario. Recogida de firmas en pos del nombre y de la autonomía, creación de una bandera propia (la cuatricolor) diferente a la que proponían las instituciones, celebración del Día de La Rioja. además de asambleas semanales, charlas, conciertos, fiestas y demás actos lúdicos se multiplicaban por pueblos y ciudades de toda la región.

La mañana del 27 de marzo de 1978 amaneció con los indicadores de las carreteras de entrada y salida de la provincia cambiados. En una acción 'clandestina' y coordinada, varios grupos de jóvenes del Colectivo Riojano salieron de madrugada y taparon con bandas blancas las letras de 'Logroño' de los rótulos, sobre las que pintaron con espray el nombre de 'La Rioja'. Al día siguiente, la prensa regional llevaba a sus portadas las fotografías de los nuevos indicadores, felicitándose por la iniciativa frente a la inacción de la política.

Transcurrieron casi dos años sin que nada oficial se moviera desde que la Diputación hubiera iniciado el proceso, pese a que si por algo se caracterizó la Transición fue por la velocidad con la que se encadenaban los acontecimientos. Así, el 12 de mayo de 1979, el senador socialista Félix Palomo interpeló al Gobierno de Adolfo Suárez sobre la «lenta marcha» del cambio de nombre, a lo que el Ministerio respondió que aún estaba a la espera del preceptivo informe de la Real Academia de la Historia, pese a que lo había sido solicitado un año antes, nada menos. Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio.

Como al arrancar septiembre el Ejecutivo seguía dando la callada por respuesta, el inquieto senador Palomo volvió a preguntar en la Cámara Alta sobre «cuáles eran las razones de esta lentitud y por sus intenciones sobre este asunto», lo que desató un desabrido debate con parlamentarios de UCD, que le acusaron de faltar a la verdad. Fue a raíz de este encontronazo cuando Palomo desveló a través de una carta los argumentos de Fontán Pérez, ministro de Administración Territorial, quien no veía conveniente cambiar el nombre a causa de la presión que ejercía el PNV, sobre todo su facción alavesa. Fue éste un momento de inflexión ya que, pese al criterio de Fontán, la UCD riojana le plantó cara y presentó una proposición de ley para tramitar el cambio.

Un año después, sin embargo, el diputado Sáenz Cosculluela exigía de nuevo la urgente permutade denominación de la provincia, lo que sin duda empujó a UCD -partido en el gobierno- a mover ficha. En una hábil maniobra política, el senador Carmelo Fernández 'coló' una iniciativa parlamentaria, que comenzó a tramitarse el 14 de septiembre de 1980. Cuatro días más tarde, el Pleno del Congreso aprobaba el tan ansiado cambio. De los 260 diputados presentes en la Cámara Baja, 256 respaldaron el Decreto Ley 57/1980, mientras que otros cuatros, que por diferentes cuestiones no habían votado, se contabilizaron en contra. Aquel mismo día, las fuerzas parlamentarias riojanas mostraron su absoluta determinación por respaldar el proceso que llevara a La Rioja hasta la plena autonomía.

El 15 de noviembre de 1980, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, era sancionada y promulgada la Ley del cambio de nombre.