La larga espera de los afectados por Levalta

El Tribunal Supremo en uno de sus últimos fallos «ha dado un toque de atención» a los jueces de La Rioja. Así se expresó ayer Álvaro Villar, portavoz del colectivo de Afectados por Levalta, que aglutina a 150 personas que en su día adquirieron sus viviendas, bien a la matriz Levalta, bien a su filial, Riofan.

En una rueda de prensa convocada frente al edificio de los juzgados de Logroño, reclamaron a los jueces y magistrados que «lleguen al fondo del asunto y no hagan copia y pega en sus sentencias».

En el fallo al que se referían los Afectados por Levalta, el Supremo anulaba una sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja que obligaba a una mujer a abonar íntegramente a Riofan una vivienda que ya no era de la constructora.

El Alto Tribunal considera que la promotora «incurrió en un silencio intencionado y procesalmente no impuesto que constituye una de las modalidades de la maquinación fraudulenta a la que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil». La resolución abría las puertas a cientos de afectados por la mencionada constructora o por alguna de sus filiales a los que ocultaron el cambio de titularidad de los pisos.

La Asociación, que integra a casi 150 personas, surgió para "frenar lo que consideran un atropello y estafa de la constructora, y a su filial Riofán, al no poder hacer frente con su piso a una deuda contraída con la constructora por una presunta estafa inmobiliaria".

Como detallaba en su día Rosa Vea, una de las afectadas, la operativa ha sido similar en todos los casos y el resultado está siendo idéntico. «Personas que se quedan con una deuda de por vida imposible de saldar», apuntaba. Por eso reclaman poner coto a Levalta y que «para empezar de cero sin deudas a la espalda» se resuelvan los contratos de adhesión suscritos con la promotora por la compra de viviendas sobre plano. Todavía eran años de bonanza, el 2006 y el 2007 y la constructora ofrecía la posibilidad de subrogarse al préstamo que tenía con Caja Madrid.

En el 2009, con los edificios en pie, Levalta llamó a los potenciales propietarios para firmar las escrituras. Eran otros tiempos, las exigencias de solvencia eran mayores y los bancos habían cerrado el grifo de la financiación. Así que se enfrentaban a la firma sin el dinero necesario para hacer frente al pago de los pisos que rondaban los 250.000 euros. A partir de ahí comenzó un largo litigio en los juzgados que todavía no conocen el fin.